Los argumentos jurídicos
La Fiscalía y Vox
Tanto la Fiscalía como Vox pidieron la admisión del recurso apoyándose en las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 25 de febrero de 2013 y 15 de junio de 2015, que resolvieron casos en que la información solicitada por diputados autonómicos «no había sido cumplimentada» por su comunidad. El Supremo falló a su favor por vulneración de su derecho fundamental al ejercicio del cargo público.
La Abogacía
El abogado del Estado intentó impedir la investigación del Supremo argumentando que la materia no era objeto de recurso contencioso-administrativo porque la solicitud de documentación había tenido recorrido. Sus tesis no convencieron a los magistrados ante los precedentes autonómicos existentes y la posición de la Cámara Baja.
El Congreso
La letrada de las Cortes Generales también defendió la pertinencia del recurso e insistó en que «aquí está en juego el derecho fundamental de una diputada en el ejercicio de su función». Además, argumentó con detalle que la vulneración procedía del Gobierno, no del Congreso, ya que la Cámara le dio perfecto trámite. Terminó pidiendo que no se tuviera a las Cortes por demandadas y así lo estima el auto.
El auto
El Supremo establece criterio por primera vez en un contencioso entre un diputado nacional y el Gobierno por el acceso a documentación, y lo hace protegiendo los derechos de los parlamentarios.