La trama corrupta del urbanismo en Valencia suma 50 investigados
Ingresan en prisión el exsubdelegado del Gobierno Rubio y el exvicealcalde Grau
La investigación de la trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Valencia entre los años 2004 y 2011 suma ya medio centenar de investigados y se extiende a otras entidades públicas locales y estatales en varias provincias, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv). Cinco de los principales responsables ingresaron la noche del sábado en prisión provisional y la juez del caso dictó medidas cautelares para otros nueve detenidos.
La denominada operación Azud desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado una red delictiva transversal, en la que están implicados políticos tanto del PP como del PSOE, durante un periodo económico todavía de bonanza
Rafael Rubio con el boom inmobiliario. Unos cobraron mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas o reclasificaciones de suelo y otros las recibieron a cambio de su silencio.
Los cinco principales responsables, que están en la cárcel desde el sábado por orden de la magistrada titular del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia,
Alfonso Grau a petición de la Fiscalía Anticorrupción, son el exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, el exvicealcalde Alfonso Grau, y tres empresarios: Jaime María Febrer, principal beneficiado de las adjudicaciones urbanísticas; Joaquín Pastor, considerado el ingeniero financiero para las operaciones de lavado del dinero; y Mónica Montoro, que también operaba en el ramo de la construcción.
Los otros nueve detenidos el pasado jueves quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial y declarar, aunque la juez ordenó para ellos la retirada de pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y su comparecencia semanal en sede judicial.
En el caso de la exalcaldesa de Jijona (Alicante) Rosa Verdú, no testificó ante la juez por razones de salud, aunque sí pudo hacerlo a los investigadores de la Guardia Civil. La mayoría se acogieron a su derecho a no declarar.
Blanqueo de capitales
Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Las ramificaciones de la red de fraudes se extienden a varios municipios alicantinos, de Madrid y a Tomelloso (Ciudad Real), donde había tres sospechosos que facilitaban facturas irregularmente. Según las pesquisas, el ex vicealcalde Grau (PP) pudo percibir un millón de euros y el exsubdelegado del Gobierno (PSOE) unos 300.000 euros, aunque el volumen de fondos puede ser mucho mayor y ya se ha detectado una cuenta bancaria en Luxemburgo del empresario Febrer.