En la distopía que se prepara, resultará inconcebible que un magistrado puesto por la izquierda se permita discrepar de la noción disolvente de España

SI la tesis del magistrado ponente del Tribunal Constitucional prospera, en la próxima pandemia mundial ya sabrá el Gobierno que el estado de alarma no es el instrumento adecuado. Es lo que pasa con las sentencias de inconstitucionalidad, que dejan una magnífica jurisprudencia de cara al futuro. Claro que la próxima pandemia mundial podría cogernos con otra Constitución, o con ninguna, o sin España. Ya me dirán ustedes de qué ha de servir que el intérprete máximo de nuestra Superley nos dé o nos quite la razón a quienes advertimos de que ciertos derechos fundamentales no se limitaron sino que se suspendieron. Ni al estéril consuelo del «te lo dije» podremos agarrarnos por ser de mal tono.

Unas veces la inconstitucionalidad indubitada no sirve para nada porque el mal ya está hecho, y otras veces tampoco porque los socialistas encuentran maneras de devolverle vigencia a lo derogado, como anunciaron sin disimulo con el Estatut. Es más, dada la impunidad de la que el sanchismo se ha dotado, ahora promueven otro Estatut para poder celebrar algún referéndum. Y aunque los separatistas han respondido que ese segundo premio al golpe no les satisface, tengo para mí que a la hora de la verdad lo comprarán. Todo depende de la habilidad que el PSC despliegue en el truco, previsto aquí hace unos días: en el referéndum legal se aprobará la posibilidad de un referéndum ilegal. Para cuando llegue el momento de la verdad, cuenta el sanchismo con haber colonizado completamente las instituciones. El Tribunal Constitucional de sus sueños no se atreverá a frustrar la gran estafa porque no quedará ningún Manuel Aragón. En la distopía que se prepara, resultará inconcebible que un magistrado puesto por la izquierda se permita discrepar de la noción disolvente de España.

En cuanto al primer premio a los golpistas, los indultos, con la fiscalía en manos de una exministra de Sánchez es impensable que el recurso llegue por tal vía. Por eso ahora mismo todo el asunto se reduce a lo que el Tribunal Supremo haga con Vox. Habiendo sido parte en el juicio del procés, ¿no debería el partido de Abascal considerarse parte interesada y, por ende, aceptarse su recurso? Si así fuera, a ver cómo se desdice el alto tribunal de todo aquello que por unanimidad dejó negro sobre blanco en su preceptivo informe: que no aprecia razones de justicia, equidad y utilidad pública que justifiquen los indultos; que «no hay la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento»; que lo argüido es contrario al sentido del indulto al dibujar «una responsabilidad penal colectiva» y pretender «que el Gobierno corrija la sentencia dictada» por el TS; que, en conclusión, la concesión es «una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal». A ver, a ver.

Para no verlo, círculos jurídicos del sanchismo, de los apaciguadores y de los bienquedas andan difundiendo la teoría de que Vox no es parte interesada. No aceptando su recurso se libra el Supremo del sofocón de incurrir en flagrante contradicción… siempre y cuando aceptemos la premisa de que el poder Judicial se doblegará necesariamente. ¿Y si no es así? Dejadme la esperanza, que diría Miguel Hernández.

Luego está la fuerza de la costumbre, que en la política española se adquiere a velocidad de vértigo. Hace tres semanas todavía escandalizaba al ciudadano de a pie, y aun al ciudadano en patinete, que quienes van anunciando su voluntad de reincidir pudieran beneficiarse de medidas de gracia. Bastó que el sanchismo mediático le aplicara la fórmula alquímica adecuada al torticero artículo del beato Junqueras para borrar de un plumazo la sensación de injusticia. Fíjate, en realidad se ha arrepentido, tampoco hay que pedirle que se humille, pero se lee entre líneas, hay que aprovechar esta ocasión para reconciliar a la sociedad catalana, etcétera. Todas esas chorradas que cualquier constitucionalista catalán –y por supuesto aquí no está incluido el PSC– reconoce a la legua como la enésima traición de las élites capitalinas. Es un segmento de ciudadanía tan hastiado y desengañado que ni siquiera se toma la molestia de levantarse del sofá para depositar su voto en las urnas autonómicas. La Cataluña constitucionalista es lo más parecido a la mujer maltratada que, después de haber pedido ayuda y de pensar que la ha obtenido, comprueba cómo aquellos que creía sus amigos, cómo sus vecinos, cómo los policías a los que recurrió, dejan de hacerle caso, la toman por una desequilibrada y, como guinda al infecto pastel, la acusan de buscar solo revancha. Intenta crear buen ambiente en casa, mujer.

Hay un viejo ‘spot’ televisivo de Soberano en el que una esposa visita a una bruja: «Necesito ayuda. Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno». Mientras la pobre mujer sigue con su relato, la bruja ve la escena doméstica en una bola de cristal. «Está siempre irritado. Tiene accesos de terrible cólera». El marido arroja un plato al suelo durante la cena. Ella llora y él le da una bofetada. Luego coge la gabardina y el sombrero, y se larga. «Nunca me besa cuando sale de casa». Interviene la bruja: «¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho, cuando llega a su hogar, a encontrar un agradable recibimiento? Procura que nunca le falte su copita de coñac. Verás como no falla». Esa esposa son los constitucionalistas catalanes. Ese marido es el ‘establishment’ catalán. Esa bruja son los apaciguadores, mezcolanza de empresarios estúpidos, analistas a la violeta y hasta unos cuantos obispos.