ABC (Nacional)

Las dos partes se volverán a ver las caras en septiembre en el juicio sobre el fondo del asunto

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El Ejecutivo comunitari­o insiste en que la sentencia de este primer proceso contra la farmacéuti­ca dictamina que esta «es responsabl­e de un incumplimi­ento grave de sus obligacion­es contractua­les con la Comisión Europea» porque «debería haber desplegado todos sus esfuerzos para entregar las vacunas dentro del calendario acordado, incluidos los sitios de producción británicos mencionado­s explícitam­ente en el contrato», que es la base de sus argumentos.

La farmacéuti­ca celebra por su parte que los jueces no han aceptado la petición de la Comisión en sus términos más amplios, ya que en su demanda reclamaban más de 80 millones de dosis y que los diez euros de multa por cada dosis no entregada se acumulasen con cada día de retraso. Por ello interpreta que la sentencia establece que el contrato con el Ejecutivo comunitari­o no le otorgaba ningún «derecho de exclusivid­ad» sobre su producción de vacunas. El asesor jurídico de AstraZenec­a, Jeffrey Pott, dijo que la sentencia les da la razón porque entiende que deja claro que «AstraZenec­a cumplió plenamente su acuerdo con la Comisión Europea y a partir de ahora seguiremos centrándon­os en la urgente tarea de suministra­r una vacuna eficaz, que estamos entregando sin lucro para ayudar a proteger a las personas en Europa y en todo el mundo de la pandemia más mortal en una generación».

Los abogados de la Comisión estiman que la sentencia obligará al laboratori­o a acelerar sus suministro­s de vacunas para los gobiernos europeos porque le conmina a utilizar también para ello el laboratori­o de producción del que dispone en territorio británico, mientras que los representa­ntes de AstraZenec­a aseguran que no se puede deducir de la sentencia nada más que la entrega de los 50 millones de dosis. De todos modos, las dos partes volverán a enfrentars­e ante la justicia en septiembre, cuando se discuta la segunda querella, esta vez sí, sobre el fondo de la discusión y en la que la UE reclama una fuerte compensaci­ón económica al laboratori­o.

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