·El diputado recuerda que no se cumplen los requisitos para beneficiar a los presos del ‘procés’: no se han arrepentido y volverán a la carga, avisa
Toda una vida entregada a la Abogacía del Estado. Dieciséis años como jefe del departamento Penal. Pocos políticos han vivido el ‘procés’ como el hoy dirigente de Ciudadanos (Cs) Edmundo Bal, quien representó a la institución durante toda la fase de instrucción ante el juez Llarena. Hoy en situación de servicios especiales, el vicesecretario general de Cs defiende con vehemencia la imposibilidad de conceder los indultos a los presos independentistas condenados por sedición. Más allá de argumentos políticos, hay razones jurídicas que lo impiden, dice.
—Han pasado casi tres años desde que el Gobierno decidió prescindir de usted para el juicio del ‘procés’. ¿Se imaginaba que hoy íbamos a estar en el punto en el que nos encontramos? —La verdad es que no, y lo he pensado muchas veces estos días al hablar de los indultos. Quién me iba a decir que, después de haber sido cesado por no querer mentir en un escrito de acusación, me iba a ver en la tribuna del Congreso defendiendo esto. Que después de haber dicho el presidente del Gobierno que iba a haber un cumplimiento íntegro de las penas, que se iba a traer a España a Puigdemont para ser juzgado y que no había ninguna manera posible de abrir la puerta a los indultos, de repente nos encontremos en esta situación... Sinceramente pensé que no se iba a atrever a que paguemos tan alto precio por que él se mantenga en el sillón de La Moncloa. —¿Sigue pensando que en Cataluña hubo un delito de rebelión?
—A mí el tipo penal me daba igual. Yo hice un escrito de acusación por rebelión; después me dijeron que lo hiciera solo por malversación, dado que la legitimación de la Abogacía del Estado era por el quebranto a Hacienda, y finalmente por sedición. Y lo hice. Y estaba muy contento con el resultado porque los hechos eran los mismos: los que resultaban de la fase de instrucción de la causa con el juez Llarena. Yo estaba en esa fase de instrucción y presencié lo que decían los policías, los investigados, los testigos... Cómo se vandalizaron los coches de la Guardia Civil, el cerco a la Consejería de Economía, cómo la secretaria judicial tuvo que salir por el tejado. Los hechos los tenía superclaros, y fue cuando me quisieron hacer cambiarlos, negando que hubiera habido violencia, cuando dije que no lo firmaba. Aun así, por lealtad a la Abogacía del Estado, me ofrecí a hacer el juicio porque conocía la causa. Pero tampoco valía.
—¿Por qué siendo una herramienta legal no se puede indultar a los presos del ‘procés’?
—Pues porque no cumplen los requisitos jurídicos. El indulto se tiene que basar en razones de justicia, equidad o utilidad pública, pero también en el arrepentimiento. ¿Cómo va ser justo este indulto cuando han cumplido tres años de prisión –en algunos casos con condenas de 13–, los delitos son muy graves y atentan contra los valores y principios de la Constitución? Pero es que además hay desobediencia y malversación de caudales públicos por un importe que el Tribunal de Cuentas ha fijado en 10 millones de euros. Respecto a la equidad, ¿unos políticos que delinquen tienen mejor derecho que unos delincuentes comunes que cometen delitos más leves? Tercero, utilidad pú