Maduro pide reducir el hacinamiento de los centros de detención preventiva

Una «revolución judicial» viene en camino. Así lo ha ordenado Nicolás Maduro en Consejo de Estado al designar a los diputados Diosdado Cabello y Cilia Flores, como presidente y vicepresidenta, respectivamente, de una comisión especial encargada de resolver en 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva.

La comisión, en la que participará también la presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como secretaria ejecutiva, Lourdes Suárez Anderson, se ocupará solo de descongestionar los centros primarios y no de todo el sistema penitenciario que presenta una superpoblación de más del 200% según estudios internacionales, informa L. Vinogradoff.

Inicialmente, el Tribunal General había decidido que los representantes de la dictadura no estaban habilitados para oponerse a una decisión del Consejo de la UE porque las sanciones se dirigían contra individuos concretos, y no habían demostrado en su recurso que las sanciones afectasen su situación jurídica. La sentencia pronunciada ayer se refiere solo a la capacidad de los representantes de la dictadura, no sobre el fondo del asunto. Es decir, los jueces del Tribunal de Justicia devuelven a los del Tribunal General el caso, para que lo admitan a trámite y evalúen entonces si las sanciones son o no legítimas. No es extraño que los países y entidades afectadas por sanciones recurran estas medidas ante la justicia europea, aunque solo han conseguido revocarlas invocando defectos de forma.