El Vaticano apela al concordato para que Italia cambie la ley contra la homofobia
Considera que «atenta contra la libertad de opinión y de organización de las instituciones católicas»
El Vaticano dice que el actual proyecto de ley italiano contra la homofobia lesiona el concordato con Roma, pues limita las libertades de opinión y de organización tanto de las instituciones de la Iglesia como de los ciudadanos en el país italiano.
Es un gesto inédito en el pontificado de Francisco, quien tradicionalmente delega en las conferencias episcopales la relación con los gobiernos. Quizá por eso la medida es aún más reveladora de lo que según el Vaticano está en juego, pues es poco probable que se haya dado este paso sin la aprobación explícita del Papa.
La Santa Sede ha comunicado formalmente sus dudas a través de una «nota verbal» que el ministro de Exteriores vaticano, el arzobispo Paul Richard Gallagher entregó personalmente al embajador de Italia la semana pasada. «Ciertamente este proyecto de ley preocupa a la Santa Sede, nos preocupa a todos», explicó sin dar más detalles el cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para la Familia.
La noticia fue filtrada a un medio italiano y el Vaticano optó por el silencio como respuesta. Informalmente, la única voz autorizada que se escuchó cerca de la plaza de San Pedro fue la del expresidente de la Corte Constitucional italiana, y actual alto funcionario del Vaticano para cuestiones legislativas, Cesare Mirabelli. o participe en organizaciones que inciten a la discriminación o la violencia. Según algunas pocas frases sueltas filtradas de la «nota verbal» vaticana, la Santa Sede ve un amplio margen de interpretación en la actual formulación de este proyecto de ley, que se concreta en dos peligros fundamentales.
El primero, es que se lesione el derecho «a la plena libertad de reunión, de manifestación del pensamiento con la palabra, el texto escrito o cualquier medio de difusión». El segundo, que «reduzca la libertad garantizada a la Iglesia católica» de organización interna y público ejercicio del culto, del magisterio y del ministerio episcopal. Se trata por ejemplo de si un sermón con la doctrina católica sobre el matrimonio, o la no admisión de mujeres al sacerdocio pueden considerarse instigación al odio o conductas discriminatorias; o si un colegio de monjas está obligado a organizar un evento en ocasión de la futura Jornada Nacional contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. «No se contesta la legitimidad de tutelar a determinadas categorías de personas, sino el peligro de lesionar las libertades sancionadas por el concordato», insiste Cesare Mirabelli.
El proyecto de ley fue presentado por el Partido Democrático durante el gobierno de Giuseppe Conte. Tras la aprobación en la Cámara en noviembre, la Lega bloqueó la discusión en el Senado hasta el pasado 25 de mayo.
La nota del Vaticano ha sido acogida con la habitual vivacidad italiana. El actual primer ministro, Mario Draghi, ha adelantado que hoy estará «todo el día en el Parlamento». «Espero que me pregunten sobre esta cuestión en la Cámara y para dar una respuesta estructurada porque es una pregunta importante», afirmó.
El autor de la ley, el diputado del Partido Democrático Alessandro Zan, dice que no conoce el texto de la «nota verbal». Sin embargo, subraya que la propuesta de ley «no limita en absoluto la libertad de expresión, ni la libertad religiosa y respeta la autonomía de todas las escuelas». También el secretario general de su partido, Enrico Letta, ha dicho que «es una norma de civilización contra delitos de odio y transhomofobia, y confirmamos nuestro compromiso de aprobarla».
Por su parte, Matteo Salvini, líder de la Liga y principal opositor de este proyecto de ley, ha dado las gracias al Vaticano «por el sentido común». Más tarde ha propuesto un encuentro al PD para hacer una norma que «garantice los derechos y castigue la discriminación y la violencia, sin ceder a las ideologías ni a la censura, y sin invadir el campo de las familias y las escuelas».
La «nota verbal» del Vaticano ante una ley en trámite es inédita, y el único episodio parecido que se recuerda en Italia es de 1974, cuando comenzó a discutirse la ley del divorcio. En aquel entonces, el Papa Pablo VI invocó de un modo indirecto «la recta interpretación del concordato y de su válida conservación». Como gesto del gobierno con el Pontífice, el divorcio se aprobó oficialmente cuando él estaba lejos del país, en una visita a Australia.
También Juan Pablo II mostró su rechazo a la despenalización del aborto en Italia, en 1981, pero no invocó el concordato, sino cuestiones sociales.
En esta ocasión, en el Vaticano observan atentos el cruce de opiniones, pero se limitan a subrayar la última frase de la nota: «Pedimos que se acojan nuestras preocupaciones».