El equipo jurídico del PP busca un resquicio legal para anular los indultos
Los populares niegan que exista «utilidad pública» y solo la ven «partidista»
Pablo Casado convocó ayer a primera hora en Génova a su equipo jurídico para analizar el recurso que el PP quiere presentar ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, contra los indultos que el Gobierno de Sánchez ha concedido esta semana a los condenados del ‘procés’. Los populares son conscientes de las dificultades que tienen por delante, primero para que el Alto Tribunal les reconozca su legitimación, y después para que su recurso prospere. Pero el PP está decidido a buscar y aprovechar todos los resquicios legales para lograr desactivar los indultos. «Vemos posibilidades de éxito», comentaron ayer desde Génova.
La reunión sirvió a Casado para mostrar músculo con su equipo jurídico, en el que hay dos magistrados, Enrique López y Fernando de Rosa, con larga trayectoria y experiencia en la judicatura. A la mesa también se sentaron Luis Santamaría, exconsejero de Justicia en la Comunidad Valenciana, los eurodiputados Javier Zarzalejos e Isabel Benjumea, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la secretaria general del Grupo Popular en el Congreso, Isabel Borrego.
El primer paso que dará el PP será la solicitud de legitimación, un obstáculo en el camino que confían en superar. Aquí les lleva ventaja Vox, que como Ciudadanos ya ha presentado su recurso, ya que ejerció la acusación popular en la causa. El secretario de Justicia del PP, Enrique López, sostiene que la jurisprudencia en ese sentido ha evolucionado en los últimos años, y se ha acabado admitiendo a las víctimas indirectas. «Somos conscientes de las dificultades de una legitimación activa en este recurso», explicó López, quien está volcado en preparar la justificación para que el PP pueda presentarse como parte afectada, y en concreto Pablo Casado como perjudicado, ya que su nombre apareció en la información que manejaban los CDR, como posible objetivo para atentados terroristas. De la misma manera, el PP considera que sus diputados en el Parlamento catalán en 2017 también deben estar legitimados, ya que sufrieron de forma directa la actividad delictiva de esos sujetos.
La solicitud de legitimación podría enviarse en los próximos días, pero en Génova creen que la respuesta del Supremo quizás no llegue hasta septiembre. Si es positiva, el PP se pondrá en marcha para presentar su recurso. Ayer el equipo jurídico puso sobre las mesa las distintas opciones y vías.
Pago político
La acción judicial del PP se basará, fundamentalmente, en el informe emitido el pasado mes de mayo por el Tribunal Supremo, que se opuso de manera frontal a la concesión de los indultos, según informaron los populares. Desde Génova se advierte de que el PP va a defender la igualdad de los españoles y denunciará que son un pago político a los independentistas para que Sánchez pueda permanecer dos años más en La Moncloa.
«Es muy difícil, pero no imposible», comentaron desde Génova al acabar la reunión. «Vamos a buscar todos los resquicios legales que haya para aprovecharlos y tratar de anular estos indultos. Hay visos de que el recurso podría acabar bien», explicaron. Los populares ven una vía de agua en la justificación de la medida de gracia, porque ven ausencia de «equidad, justicia y utilidad pública». «No hay utilidad pública, solo esconde una utilidad partidista, es arbitrario e ilegal».