La Fiscalía deberá pronunciarse sobre la imputación de Iberdrola en diez días
El juez del caso Villarejo solicita a Anticorrupción un informe sobre su responsabilidad penal
MADRID
El horizonte judicial del caso Villarejo se cierne sobre Iberdrola, justo después también de la imputación de su presidente. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, libró ayer un auto en el que apunta a un posible conflicto de interés en la petición de Iberdrola de entrar como parte en la causa que salpica a la eléctrica. Dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre «la posición procesal» que la compañía debe ostentar en la causa y «los indicios que podrían situar a esta misma mercantil en el círculo de responsables penales de esta pieza separada». Hasta ahora, la empresa, como tal, no está investigada.
El auto, al que tuvo acceso ABC, trae cuenta de que Iberdrola quería entrar como parte en el procedimiento, teniendo así acceso a las actuaciones, y ampliar la querella que presentó en su día en Bilbao contra su exdirectivo José Antonio del Olmo, el mismo que ha señalado al presidente Ignacio Sánchez Galán. Esa querella fue derivada a la Audiencia Nacional y ya forma parte de la investigación sobre las relaciones de la eléctrica con el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
Iberdrola señalaba a Del Olmo por la presunta falsificación de un informe de 2004 en el que recogía supuestas irregularidades que había detectado en pagos de facturas, las mismas que ahora son objeto de las pesquisas en la Audiencia Nacional bajo sospecha de que se manipularon para esconder, por un lado, la contratación de una empresa del comisario Villarejo y, por otro, los conceptos reales por los que se le estaba pagando.
Ese informe, que el exdirectivo consignó ante notario con dos testigos, obra también en el sumario y constituye, junto a su declaración, el centro de los indicios que han llevado al juez a citar como imputado al presidente de Iberdrola. Y también a otras tres personas que fueron altos directivos en las fechas de los hechos.
Para el instructor, la Fiscalía Anticorrupción debe informar en un plazo no superior a diez días sobre «la situación procesal de la mercantil Iberdrola y, en concreto, respecto a la condición procesal que debe ostentar en la presente causa esta persona jurídica», así como sobre «los indicios que podrían situar a esta misma mercantil en el círculo de responsables penales de esta pieza separada».
Esos indicios ya obran en el auto por el que García Castellón acordó imputar a Galán y se refieren al hecho de
Iberdrola quería entrar en el proceso y ampliar la querella que presentó contra su exdirectivo José Antonio del Olmo