«Condenar a los alumnos por un suspenso es elitista, machaca a los de abajo y favorece a los de arriba»
·El catedrático habla de su gestión, promete una ley abierta y niega que los castellanohablantes sean perseguidos en los campus de Cataluña
Acostumbró a dejarse ver con camisetas reivindicativas con lemas como el feminista ‘Equal Rights’ (del inglés, los mismos derechos) o ‘Black Lives Matter’ (las vidas negras importan), contra la discriminación de la población negra. Pero a ABC lo recibe con traje y corbata verde en una sala minimalista dominada por una mesa de un blanco inmaculado que rompe bastante con la anticuada arquitectura del edificio que alberga el Ministerio de Universidades. Es el mismo donde trabaja el equipo de Ciencia, en el paseo de la Castellana, 162, aunque en la práctica estén separados.
Criticado por su atuendo, por lo que dice y también por lo que calla (se afirmó que el pánico a la pandemia lo hizo desaparecer o que no trabajaba), la realidad es que Castells mide lo que dice, lo que no dice y lo que se pone o deja de ponerse. De hecho, no ocultó su sorpresa al ser preguntado por su fanatismo por las estilográficas. «Muy buena información confidencial, algún amigo se ha chivado», dice sonriente mientras muestra orgulloso su Montblanc. «Eso es porque tuve muchas novias», agrega, y se apresura a aclarar: «Ahora ya no, que soy ministro».
El intelectual del equipo de Sánchez, nacido en Albacete pero identificado como catalán, defiende al presidente como si fuera su custodio. Y no se sale del guion de Moncloa: «Lo que se aprueba es lo que el conjunto del Gobierno y desde luego yo, pensamos». Sea lo que sea: títulos con suspensos, indultos y hasta el discurso progresista. «En España la Universidad es la pública: la que mejor forma, la que investiga...». Eso sí, cuando habla de Ayuso cambia, y sube el tono.
—Si tuviera que hacer una autoevaluación de su labor como ministro hasta hoy, ¿cuáles cree que han sido sus logros y cuáles sus fracasos?
—En términos de autoevaluación crítica subestimé la lentitud de la máquina del Estado. Cada cosa que hay que hacer tiene que pasar, no le exagero, por al menos treinta trámites y cada uno toma su tiempo. Esa lentitud me hubiera gustado poder superarla y que hoy día estuviera ya vigente el estatuto del personal docente e investigador (PDI), porque hay una situación de precariedad que es un absoluto escándalo.
¿De qué estoy satisfecho? De dos cosas. Primero, que con la pandemia conseguimos en menos de un mes (en marzo) pasar todo el sistema universitario español de presencial a online sin que se perdiera el curso para nadie y sin que hubiera problemas con los exámenes. También estoy contento de otra idea con la que llegué al ministerio, la primera, porque era un punto prioritario del Gobierno de coalición: aumentar sustancialmente las becas y reducir sustancialmente las tasas; eso se ha hecho.
De profesor a rector
«No descarto incluir en la ley de Universidades que los profesores titulares puedan ser rectores»
Acceso a las becas
«El Gobierno da becas a los alumnos de las universidades públicas, no de las privadas. Así de claro»
Discriminación
«Ni en los colegios ni en las universidades de Cataluña se persigue a los que hablan castellano»
Se hizo el año pasado y se vuelve a hacer este año.
—Pero esto ha generado críticas. Cuando anunció la bajada de los precios de los másteres para equipararlos a los de los grados, el consejero de Educación de Madrid, Enrique Ossorio, dijo estar en desacuerdo con el ‘café para todos’ y que si «el ministerio quiere una bajada de los precios públicos, el Gobierno de España debe asumirlo»... —Lo de Madrid tiene un capítulo particular. Intento no hacer política de partido porque soy independiente, pero los precios públicos los decide la Conferencia General de Política Universitaria, que yo presido; en ella están las 17 comunidades y se vota. Por abrumadora mayoría se aprobó nuestra propuesta de invertir lo que había pasado desde 2011; es decir, un aumento brutal de tasas, ponerlos a los niveles de 2011 y dar tres años para aplicarlo. Madrid votó ‘no’ y puso un recurso. Ahora, la señora Ayuso, en su discurso de investidura, propone para el curso 2022-23 –que es cuando le toca obligatoriamente por ley– bajar las tasas al 20 por ciento en grados y al 30 en másteres. Aquí se juega con política de manera poco correcta, porque lo importante es que esas tasas bajen. ¿Quién paga? Pues las comunidades. Las becas no, en ese caso las paga el Gobierno y las ha aumentado sustancialmente.
—Ha dejado claro que la propuesta de que los profesores titulares lleguen a ser rectores (y no que lo hagan catedráticos como hasta ahora) no es suya, sino del PSOE. ¿La comparte o no? —Lo estamos hablando. Sobre esa propuesta concreta no hay decisión. —Pero, ¿qué le parece?
—No me parece ni bien ni mal. Hay que considerarlo con otros que dicen lo contrario. Estamos elaborando propuestas originales que no necesariamente reflejan posiciones cerradas. La ley va a ser muy flexible.
—¿Le parece una idea buena, descabellada, normal?
—Me parece normal como otras, como las de la Conferencia de Rectores (CRUE), que dice que que los rectores tienen que ser catedráticos.
—¿Y a usted cuál le gusta más? ¿La de que los rectores sean catedráticos o profesores titulares? —Ninguna hasta que no lo piense bien. —¿No descarta la propuesta de que los profesores titulares sean rectores? —No descarto ninguna.
—¿Cree que las universidades privadas están a la misma altura que las universidades públicas en investigación, docencia y transferencia del conocimiento?
—Como regla general, no. Hay algunas universidades privadas que sí lo están, aunque son pocas. Pero no necesariamente porque sean privadas, sino por
el énfasis que ponen. Hay universidades como la de Deusto, que es de élite, internacional; la de Navarra, a pesar de su orientación religiosa-ideológica, o la Ramon Llull. Pero en España y en Europa la universidad es la pública: la que mejor forma, la que investiga. Y luego, hay campus privados clásicos que tienen calidad comparable. Además, existen toda una serie de propuestas de nuevas universidades con las que hay que tener cuidado porque muchas de ellas son fondos buitre y hay que asegurar que tengan un mínimo de cabida. Y para eso está a punto de aprobarse el decreto de creación de universidades.
—La universidad privada se quejó de que en el documento de trabajo sobre la nueva ley de universidades (LOSU) se plantearan cuestiones como si «debe
«Yo crecí en una Cataluña en la que podías ir a la cárcel o recibir una paliza si hablabas en catalán» «Subestimé la lentitud de la máquina del Estado. Cada cosa que hay que hacer tiene que pasar por treinta trámites» «Para entrar en el mercado de trabajo rápidamente lo mejor es una FP superior, no las universidades»
haber un trato fiscal distinto en función del tipo de universidad». También molestó el hecho de poner sobre la mesa la pregunta sobre el derecho a beca o no de los alumnos de la privada. ¿Qué opina de esto?
—En cuanto a la fiscalidad, y no por ley universitaria, se aplica el régimen jurídico normal de fiscalidad. Si el objetivo de una universidad es de ánimo de lucro y obtiene beneficios ha de pagar impuestos como cualquier empresa.
—¿Y respecto a las becas?
—El Gobierno da becas a los alumnos de las universidades públicas, no a los de las privadas. Así de claro.
—Una sentencia del TC considera inconstitucional la distinción entre ciudadanos en función de su elección del centro a la hora de obtener becas...
—Las becas son para estudiar en las universidades públicas y siempre ha sido así; es normal porque son las públicas las que se pagan con los impuestos de los ciudadanos y las becas, también. No es lo mismo que para las privadas.
—¿Qué opina del decreto de Educación que señala que las materias suspensas no deben ser el único criterio a tener en cuenta para pasar de curso y titular? En la práctica, da el título de ESO sin límite de suspensos y el de Bachillerato con uno. Además de permitir promocionar en ESO sin límites y en Bachillerato con dos…
—Las leyes y decretos que aprueba la ministra Celaá no son solo suyos, son del Gobierno. Lo que se ha aprobado es lo que el conjunto del Gobierno, y desde luego yo, pensamos.
—¿No es un desprecio al esfuerzo?
—No.
—¿Por qué?
—Porque a veces no depende del esfuerzo, sino de las condiciones de las personas, de lo que les está pasando, y condenar a la gente a perder años de vida en un momento clave simplemente porque ha habido en algún momento un suspenso me parece totalmente injusto, elitista y es así como se va machacando a los de abajo y favoreciendo a los de arriba.
—Los que están abajo también se pueden esforzar y sacar aprobados…
—Sí, pero hay condiciones distintas dependiendo de la familia. La Sociología de la Educación lo ha determinado mil veces en todos los estudios y países: las condiciones para progresar de hijos e hijas de familias humildes son mucho má difíciles que para las familias de clase media: desde el lugar para trabajar en la casa, pasando por la posibilidad de que unos padres más educados los apoyen, hasta la tranquilidad de que si no te va bien en la vida está tu familia para protegerte.
—¿Pero qué criterios se toman en consideración entonces si no son las materias promocionadas?
—Pues quiere decir que el derecho a estudiar no depende de coyunturas y que, si en algún momento, algunos estudiantes tienen dificultades hay que darles la oportunidad de que lo puedan reparar y puedan seguir su vida normal. Independentismo
—¿Usted es independentista?
—No. Me considero catalán que defiende la autonomía máxima de Cataluña, como los andaluces defienden la de Andalucía; y creo que no se puede demonizar ni minimizar lo que representa en Cataluña el sentimiento de agravio con respecto a las políticas autoritarias tradicionales. Yo crecí en una Cataluña en la que no se podía hablar en catalán, podías ir a la cárcel, que te dieran una paliza como universitario si hablabas en catalán en clase o si escribías un artículo en catalán, que no podías tampoco porque no se enseñaba catalán. Yo he vivido la represión cultural y sistemática de cualquier cosa que fuera identidad catalana.
— Los que denuncian discriminación son los castellanohablantes en Cataluña, en los colegios y en los campus…
—Eso es falso.
—Hay pruebas, ministro.
—No hay ninguna prueba. Se ha debatido mucho en Cataluña, eso es directamente una falsedad. Ni en los colegios ni en las universidades se persigue a los que hablan castellano.
—Respecto al 3+2 (carreras de tres años y dos de máster), que usted ha eliminado, hay estudios que señalan que cuando un alumno sabe que el grado es de tres años tiene más incentivos para continuar, mientras que, si es de cuatro, lo ve lejano y es mayor la ocpión de que abandone...
—Me parece muy dudosa la calidad científica de esos estudios.
—Se los muestro…
—No hace falta. El modelo de este Gobierno es el siguiente: para entrar con capacidades en el mercado de trabajo rápidamente lo mejor es una formación profesional superior, no las universidades. Por otro lado, hace falta un modelo pedagógico que tenga una educación universitaria de calidad y rigor: un grado que forme para toda la vida y, luego sí, másteres buenos, especializados, de uno o dos años, que permitan la entrada al mercado laboral.
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