«España abrió una puerta con la eutanasia que no podrá cerrar»

España podría seguir los pasos de Países Bajos y Bélgica donde la muerte asistida aumenta sin cesar

Desde que las autoridades belgas decidieron despenalizar la eutanasia en 2002 las cifras de personas a las que se ha aplicado esta fórmula para acabar con su vida no ha dejado de aumentar. Según los últimos datos disponibles, en 2018 y 2019 se registraron 2.359 y 2.656 muertes, respectivamente. Es decir, que se mantiene la progresión constante de más de un 10% anual. En Países Bajos, el número de casos de muerte asistida ha pasado de menos de 2.000 a más de 6.500 cada año. La constante en ambos países es la banalización generalizada de esta práctica.

Carolie Roux, directora general adjunta de la organización francesa Alliance Vita, subraya que «en España se ha abierto una puerta que ya no se podrá cerrar en el futuro y eso supone que va a cambiar la mirada hacia los demás». Desde esta organización, que no recibe ningún tipo de ayuda pública, analizan la evolución de la práctica de la eutanasia en el mundo.

En 2002, una ciudadana británica acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque quería que los médicos le aplicaran la eutanasia en contrra del criterio del Gobierno. Los jueces se abstuvieron de opinar porque «un derecho a la muerte no es el reverso del derecho a la vida», dijeron.

Al contrario de la idea que se difunde, esta práctica «es aceptada en muy pocos países, y aunque se dice que se ha extendido mucho, no es verdad». En concreto, en Europa se hacen en Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza y ahora España. «Nosotros –dice Roux– hemos observado sobre todo los casos de Bélgica y Países Bajos y en ambos ha habido claramente una trayectoria atropellada para ir ampliando cada vez más los supuestos y para aplicarlos de forma cada vez más laxa».

En efecto, en Bélgica se eliminaron los requisitos de edad para que pudiera ser aplicada en cualquier etapa de la vida y en Países Bajos, la última reforma ha clarificado hasta la posibilidad de que los médicos administren disimuladamente un tranquilizante a las personas que van a aplicar la eutanasia (por ejemplo, en el café o en la comida) para evitar que se debatan en el último momento.

Los partidarios de esta práctica explican el incesante aumento de los casos como resultado de una importante prevalencia del cáncer como enfermedad terminal respecto a las dolencias cardiovasculares, sumado al constante envejecimiento de la población. En Países Bajos, se ha llegado a discutir la posibilidad de que los mayores de 70 años dispongan de una pastilla para suicidarse cuando quieran.

En el caso de España, Roux se pregunta: «¿Cómo puede ser que un país tan solidario haya aprobado la ley de eutanasia en plena pandemia, con todas las muertes que ha habido?. Eso nos ha sorprendido mucho». En Países Bajos ya hay incluso clínicas privadas dedicadas (bajo autorización) a la aplicación de la eutanasia, para que los médicos que tengan objeciones morales no tengan que dar este paso. «Ha habido una confusión interesada para decir que los que nos oponemos a la eutanasia estamos a favor de mantener la vida a toda costa y no es cierto. Para nosotros, el encarnizamiento terapéutico es igual de malo que la eutanasia. El problema es que existe el riesgo de que una vez que se ha aprobado esta ley en España, ahora la sanidad pública deje de interesarse por los cuidados paliativos. De hecho, la ley les pone las cosas más difíciles a los que los necesitan. Y por supuesto que el factor económico, la repercusión en los gastos sanitarios cuenta pero no se dice».

LAS CIFRAS