Sánchez presiona para perdonar diez millones de la factura del procés

·El Tribunal de Cuentas comunica hoy el coste de la acción exterior y fija las fianzas a los responsables de ese gasto ·A Mas-Colell le podría subir la factura hasta los 4,8 millones y al ex secretario general de Diplocat, 4,5 millones

BARCELONA / MADRID

Alrededor de diez millones de euros es lo que podría haber costado a las arcas públicas de Cataluña el ‘procés’ solo en lo que se refiere a la organización del referéndum ilegal del 1-O de 2017 –el Tribunal de Cuentas ya tiene consignados por este concepto 4,1 millones de euros– y la acción exterior realizada por la Generalitat entre 2011 y 2017 para conseguir la independencia de Cataluña. La cuantía exacta de este último apartado la dará a conocer hoy el órgano fiscalizador –podría rondar los 5 millones de euros– y fijará las fianzas para los responsables del mismo, entre los que se encuentran, además de Artur Mas y Carles Puigdemont, algunos de los recientemente indultados, como Oriol Junqueras y Raül Romeva.

A pesar de lo abultado de los fondos públicos gastados de forma irregular, tal y como ya sentenció el Tribunal Supremo, a Pedro Sánchez le gustaría que el Tribunal de Cuentas cerrase los expedientes porque, como dijo el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, son «piedras en el camino» de su estrategia de acercamiento al independentismo catalán. Sin embargo, no parece fácil ni es habitual que el Ejecutivo intervenga en un proceso tan avanzado del órgano fiscalizador.

Al margen de la influencia que pueda acabar llevando a cabo el Gobierno y que los miembros del Tribunal de Cuentas acepten, hasta hoy, cuando se conocerán las fianzas impuestas, solo el que fuera consejero de Economía y Conocimiento con Mas, Andreu MasColell, y el secretario general del Diplocat entre 2013 y 2017, Albert Royo, han dado a conocer que, según sus cálculos, se les podría reclamar unos 4,8 millones de euros y 4,5 millones de euros, respectivamente. Están por ver las cifras definitivas y la responsabilidad económica compartida entre la cuarentena de personas implicadas.

Entre estas también están miembros del Govern catalán entre 2011 y 2017 que no tuvieron responsabilidades políticas directas en el ‘procés’ pero sí participaron del entramado. Según pudo saber ABC, por ejemplo, algunos delegados de la Generalitat entre los años citados podrían tener que responder por actos convocados por el Govern –sin relación directa con el ‘procés’– en sus delegaciones.

En cualquier caso, el proceso en el Tribunal de Cuentas sobre la acción exterior del ‘procés’ entra en la fase de las fianzas. Antes, en marzo de 2019, tal y como adelantó entonces este diario, el mismo órgano fiscalizador cuantificó el coste de la acción exterior de la Generalitat en el mismo periodo temporal. Un gasto que el informe correspondiente fijó en 421 millones. De ahí hay que determinar lo que es ilegal por su vinculación con el ‘procés’.

Hoy están convocados los afectados, o los representantes legales, de, entre otros, además de los citados, Jordi Turull, Neus Munté, Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Albert Carreras, David Mascort, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro, Pau Villòria, María Vidal, Rosa Vidal y Jordi Serra.