«Corredores de hospitalidad» con la península como respuesta de la Iglesia
La Iglesia católica trata de dar respuesta a este problema a través del proyecto «Corredores de hospitalidad» que se inspira en las buenas prácticas de acogida que se desplegaron con la llegada de los refugiados ucranianos. La idea consiste en coordinar las necesidades detectadas por las diócesis canarias con las posibilidades de acogida integral de jóvenes extutelados de las instituciones eclesiales del resto de España. «No se trata de sacar a estos jóvenes de una situación de calle en las islas para llevarlos a una situación de calle en la península», explica a este diario Xabier Gómez, director del departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal. «Hay que hacerlo con cabeza, para facilitar la inserción», añade.
Gómez reconoce que éste es un «desafío que sobrepasa la capacidad de la Iglesia» pero se trata de «un gesto para decirle a las administraciones que cuando se centran en superar los problemas, las cosas salen». Además, es una forma de recordar al Estado «que cumpla la promesa de descongestionar la situación de calle en las islas», explica. concernidas, a poner ya los medios para retomar las derivaciones de menores o jóvenes migrantes extutelados» a programas de inserción en otras comunidades autónomas. Además, se comprometen a ofrecer una «respuesta integral» desde la Iglesia a estos jóvenes «para responder a los vacíos del sistema de protección e integración». Todo ello ha convertido a las islas en «una cárcel sin muros», según explicó Mazuelos, en la que se encuentran atrapados estos jóvenes a los que no se les facilita un tránsito hacia la península o a otros países de Europa en los que puedan proseguir su proyecto de vida.
Centros llenos
La situación para los jóvenes que se ven obligados a abandonar los centros de acogida al cumplir los 18 años en función de si se pueden acoger a las requisitos que establece la nueva ley de Extranjería publicada este verano. Si tienen esa suerte, pueden contar con permiso de residencia y de trabajo. Si no es así, sus condiciones son las mismas que cualquier otro emigrante en situación irregular y deben esperar tres años para solicitar el arraigo y comenzar los trámites de regularización. «En todo caso, su situación es casi igual de desesperada, porque aunque tengan permiso de trabajo es muy difícil que puedan encontrarlo y, sin ingresos, quedan en la calle sin ningún tipo de acogida ni de ayuda», explica a ABC el claretiano José Antonio Benítez, párroco en Gran Canaria y miembro del secretariado de Migraciones de la diócesis.
«Es la pescadilla que se muerde la cola, al estar en la calle nadie les contrata y sin ingresos no pueden salir de la calle», explica Benítez. Un problema al que se suma el alto índice de paro de las islas y la imposibilidad de salir de esa «cárcel sin muros». «Es una bomba de relojería –explica el religioso–, sin recursos y en las calle las posibilidades de que acaben en la droga y delinquiendo son muy altas. Yo mismo, que soy capellán penitenciario, me he encontrado en la cárcel a jóvenes que meses antes venían a nuestro comedor social».
«Aunque no creo que se concentren tantos el 1 de enero, no tenemos capacidad para absorber a todos los jóvenes que van salir de los centros al cumplir la mayoría de edad», explica a este diario Ana María Cabrera, religiosa salesiana y directora de la fundación canaria Main. «Somos la institución con más plazas de acogida para esos jóvenes y nuestros centros están llenos y con una larga lista de espera», explica. Además, Cabrera, suma otro problema para estos jóvenes incluso cuando consiguen ingresos e intentan emanciparse. «Por ser emigrantes tienen muchas dificultades para alquilar una vivienda», explica.
Los obispos de las islas advierten de la situación desesperada de muchos de estos chicos, atrapados en una «cárcel sin muros»