DECONSTRUIR EL DERECHO PENAL

El Gobierno ha impulsado diecisiete reformas del Código Penal, usándolo como plataforma de aplicación de sus experimentos de ingeniería social para imponer así su proyecto ideológico

UN sosegado repaso a los antecedentes de la mal llamada ley del ‘solo sí es sí’ revela que sus dramáticos efectos, con reducciones de pena y excarcelaciones anticipadas de agresores sexuales, responden tanto a la ineptitud legislativa de sus promotores como a un planificado intento de desgastar el derecho penal propio de un Estado democrático y de derecho. La ley tenía como finalidad anular la independencia judicial y maniatar a los jueces para que no discutieran la fiabilidad de toda denuncia por agresión sexual. Lo dijo hace unos días el presidente del Gobierno: con esta ley se pretendía que «nunca más una víctima fuera cuestionada». No fue por casualidad que, en cuanto los primeros defensores de condenados por agresión sexual avisaron de que iban a pedir la revisión de las condenas, la secretaria de Estado de Igualdad, aún en su puesto, tachara estos anuncios de «propaganda machista». Luego siguió la retahíla de insultos a los jueces que, con rigor, prudencia y sentido de la responsabilidad, aplicaban el principio de retroactividad de la ley penal más favorable. No ha habido solo precipitación ni ignorancia en la ley del ‘ solo sí es sí’, sino también un fallido experimento de someter a la Justicia y de debilitar los valores del derecho penal moderno. Los ataques a jueces y abogados son instintos predemocráticos de una izquierda que tolera mal la independencia judicial y que sigue pensando que las garantías procesales son delicadezas de una legislación burguesa.

Esta actitud hostil de la coalición de izquierdas con los garantismos de la legislación penal también se revela en el arrinconamiento de los órganos consultivos del Estado y del Gobierno, creados precisamente para mejorar la técnica legislativa, como ponía de manifiesto el profesor Gómez-Jara en una reciente Tercera de este periódico.

La ley del ‘solo sí es sí’ no es una isla fallida en la producción legislativa del Ejecutivo. En realidad es el producto de un proyecto general a través de un procedimiento, de un plan. No es normal que el Código Penal de 1995 haya sido modificado en 43 ocasiones, pero menos aún que sea utilizado como plataforma de aplicación de nuevos experimentos de ingeniería social, de pactos oportunistas o de pura imposición ideológica. El Gobierno de Sánchez ha impulsado, directamente o través de los partidos que lo integran, diecisiete reformas del Código Penal, de las que diez ya están publicadas en el BOE. Algunas son necesarias, porque aplican directivas o reglamentos de la Unión Europea. Otras esconden en causas justas verdaderas trampas al Estado de derecho, como la ley del ‘solo sí es sí’, o una manipulación del sentido común en relación con las penas, como el proyecto de ley contra el maltrato animal. Y las hay que, como la supresión del delito de injurias a la Corona o la derogación del delito de sedición, propician claramente un progresivo debilitamiento del orden constitucional de 1978.

La exposición de motivos del Código Penal califica esta ley como «Constitución negativa», para situarlo en el podio de las leyes democráticas y medir la importancia de sus disposiciones en la organización de la vida social, económica y política, en el día a día de los ciudadanos. Por eso, cualquier reforma penal altera, para bien o para mal, las pautas de conducta de la sociedad. Semejante potencial transformador de la ley penal puede ser un peligro para las libertades y los derechos de los ciudadanos si cae en manos de quienes conciben el poder democrático casi como una oportunidad de dominación partidista.