LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
«No son propios de democracias consolidadas y de calidad y dan imagen de inseguridad», apunta Moro.
A su juicio, el problema respecto al Código Penal en estos momentos es de «incoherencia y falta de proporcionalidad y equilibrio en el tratamiento de las penas y de los delitos. Se abordan como compartimentos estancos y eso provoca efectos como el que estamos viendo de la reforma propuesta del maltrato animal y de las agresiones sexuales» cuya aplicación está obligando a revisar a la baja las condenas por delitos sexuales.
Una «profesión de fe»
Comparte esta opinión el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Flores. «Si cualquier norma jurídica debe guardar una mínima coherencia interna, en el caso del Código Penal esa exigencia es si cabe más necesaria», sostiene. Recuerda este jurista que el Código Penal no es esa «mera sucesión de delitos y de penas, sino una suerte de profesión de fe en los valores que profesa una sociedad, en los que estos se ordenan y jerarquizan. Una sociedad que –pongamos por caso– valora más la vida que la propiedad, castigará más los delitos contra aquélla que los delitos contra ésta».
Esa coherencia interna y el principio de proporcionalidad de las penas, «es relativamente sencilla de lograr cuando el Código Penal se elabora en un solo acto», advierte. Sin embargo, se resiente cuando sobre él se proyecta una interminable sucesión de enmiendas, fruto de mayorías distintas y de coyunturas cambiantes, que es lo que está sucediendo en estos momentos. «Que se desee penar el maltrato a los animales resulta perfectamente lícito, pero que se acabe haciéndolo con más gravedad que el maltrato a las personas carece de toda lógica y –sobre todo– entra en colisión con la escala de valores que (aún) tiene una sociedad como la nuestra».
Por su parte, el catedrático y abogado Luis Rodríguez Ramos sostiene que reformar el Código Penal «a impulsos del telediario, con reacciones metabólicas irreflexivas, obviando la opinión que los que saben del asunto y huyendo hacia el Derecho penal atropelladamente, es una praxis populista que consiste en aparentar que se resuelven problemas complejos con esa simple y precipitada huida».
A su juicio, estas reacciones «pueriles, propias de la ignorancia o de alucinaciones derivadas del opio ideológico», olvidan que el Código penal es la última ratio, es decir, que los problemas sociales, económicos y políticos deben solucionarse mediante otros medios preventivos y represivos jurídicos que no sean las normas penales que, por definición, «son las más lesivas de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en multitud de situaciones carentes o con mínimas dosis de eficacia».
«Piezas interconectadas»
Recuerda Rodríguez Ramos que el Código Penal es un sistema « cerrado, holístico, un conjunto de elementos con sus múltiples piezas interconectadas», y no se puede modificar una ellas sin calibrar las repercusiones que pueda tener ese cambio en el conjunto. Además, el principio de legalidad de los delitos y de las penas exige, por una parte, «taxatividad», claridad y exactitud, en la descripción de la conducta delictiva y, por otra, proporcionalidad entre la nueva pena y las previstas para los restantes delitos. «Cuando se modifica el Código Penal como se viene modificando se van acumulando reformas, contrarreformas y ‘requetecontrarreformas’ que lo van convirtiendo en un monstruo y en un laberinto para los jueces, los fiscales y los abogados».
La incidencia de estas reformas parciales en la sociedad las convierte en la herramienta ideal para impulsar estrategias de ingeniería social
Se está comprometiendo la proporcionalidad de las penas y valores que hasta ahora estaban jerarquizados
Catedr. Derecho Penal y abogado
Vicente Garrido, catedrático y expresidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, se muestra preocupado por las reformas del Código Penal ‘intuitu personae’, es decir, aquellas orientadas a una persona o personas concretas, lo que, a su juicio, sucede con la sedición. «Es una perversidad, porque digan lo que digan la supresión del delito de sedición es resultado de un pacto con el secesionismo catalán, lo que resulta incomprensible cuando, además, los posibles beneficiarios han proclamado que ‘ lo volveremos a hacer’ (esta vez, sin castigo alguno)». Lo mismo ocurre, opina, con la reforma de la malversación orientada al socialista José Antonio Griñán. «Las reformas del Código Penal, que han de hacerse en frío, y no para beneficiar a alguien, generan en la ciudadanía una evidente inseguridad jurídica, por no saber en cada momento cuáles son los tipos penales vigentes y no poder adecuar sus conductas a lo dispuesto en la ley».
El profesor y abogado Daniel Berzosa apuesta también por que cual
Luis Rodríguez Ramos
«Reformas penales a golpe de telediario son una praxis populista que consiste en aparentar que se resuelven problemas complejos con una simple huida»
Vicente Garrido
«Las reformas del Código Penal, que han de hacerse en frío y no para beneficiar a alguien, generan en la ciudadanía una evidente inseguridad jurídica»
Carlos Flores
«Que se castigue más el maltrato a los animales que a las personas entra en colisión con la escala de valores que (aún) tiene una sociedad como la nuestra»
Daniel Berzosa
«Al final el ciudadano está desorientado ante decisiones inconexas que forman parte de la ideología particular de quienes detentan el poder»
Catedr. Constitucional
Prof. Constitucional y abogado quier reforma del Código Penal se examine siempre en su conjunto. «Proceder a una reforma ‘por trozos’ y ‘a salto de mata’, sin tener en cuenta la concepción social acerca del delito, puede provocar desajustes en la tipificación e introducir novedades que, en verdad, respondan a las preferencias de los representantes y no de los representados».
Concluye que «una modificación fragmentada provoca la inseguridad jurídica del ciudadano», pues la opinión pública no tiene la oportunidad, «de una sola vez y con visión de totalidad, de hacerse una idea respecto de la consideración de lo delictivo». Al final, dice, la conclusión es que el ciudadano está «desorientado» ante « decisiones inconexas que forman parte de la ideología particular de quienes detentan el poder». Dice Berzosa que resulta contradictorio que una reforma de un texto tan «crucial» como es el Código Penal se haga sin consultar la opinión de los ciudadanos y de los órganos especializados en la materia.