SUICIDIO POLÍTICO DE UN POPULISTA

Las instituciones peruanas se han mantenido leales al orden constitucional, pero no cabe el optimismo en un país cuyo equilibrio de poderes constituye una trampa política

E Ldía que enfrentaba la tercera moción de censura por «incapacidad moral» para ejercer el cargo de presidente de Perú, Pedro Castillo decidió dar la razón sin ambages a sus opositores, perpetrando un absurdo golpe de Estado. Mientras anunciaba la disolución del Congreso, la reorganización del Poder Judicial y la eventual convocatoria de un congreso constituyente –medidas copiadas del ‘Fujimorazo’ de hace 30 años–, a Castillo le temblaban las manos. Era un despropósito tan grande para un hombre de tan poca envergadura política que rápidamente quedó aislado y fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México, en la que pretendía asilarse. Su dictadura duró poco más de tres horas, lo que tardó el Congreso en aprobar su destitución y nombrar a la vicepresidenta Dina Boluarte como sucesora.

Las instituciones peruanas se mantuvieron leales al orden constitucional y lograron salvar el ‘statu quo’ frente a un presidente incompetente. Pero no cabe el optimismo con Perú, porque es ese mismo orden constitucional el que constituye una verdadera trampa: desde que Ollanta Humala completó su mandato entre 2011 y 2016, Perú ha tenido seis presidentes de la República y solo dos de ellos –Pedro Pablo Kuczynski y el propio Castillo– han sido fruto de la votación popular, y ambos fueron destituidos por el Congreso. Los demás han sido elegidos por el poder legislativo. Aquí radica una de las claves de esta crisis: el sistema semipresidencial que estableció la Constitución impulsada por Alberto Fujimori en 1993 no ha logrado generar un equilibrio funcional entre el Ejecutivo y un legislativo que tiende a la fragmentación, por lo que, tarde o temprano, los presidentes acaban chocando con el Congreso, incluso aquellos que han surgido de la voluntad de la propia Cámara, como ocurrió con Martín Vizcarra o Francisco Sagasti.

Nueve de los diez expresidentes que ha tenido el país desde Fujimori han sido acusados de corrupción por la Justicia peruana. Solo se ha librado Sagasti, aunque sus rivales también lo intentaron. Sería fácil considerar que la corrupción es el principal responsable de todo lo que va mal en el Perú, pero sería un error. El elemento central es un sistema político transido por el populismo de izquierda y derecha, cuyos representantes llegaron a la segunda vuelta en la elección presidencial de 2021, cuando Castillo derrotó por apenas 45.000 votos a Keiko Fujimori, hija del exdictador. Todo aquel que visita Perú percibe que, pese a ser un país ingobernable, la economía prospera con energía. El Banco Mundial afirma que «los parámetros macroeconómicos continúan siendo sólidos», sus reservas internacionales son importantes y su deuda pública no llega al 40 por ciento del PIB. Gran parte del mérito se debe a un banco central confiable, cuya autonomía quedó garantizada por el mismo texto constitucional que provoca tanta inestabilidad política.

La nueva presidenta tiene ante sí un panorama complicado. Quiere formar un gobierno de unidad nacional, para lo que ha pedido una ‘tregua’ al Congreso. Sin embargo, Boluarte procede del Gobierno saliente y llegó al poder acompañando a Castillo en las elecciones de 2021. Y el principal problema del Ejecutivo es que estaba aislado en el Congreso, sobre todo después de que Castillo rompiera con el comunista Vladimir Cerrón, auténtico artífice de su victoria y quien quería dirigir el país desde la sombra. Será clave apreciar dónde busca Boluarte sus apoyos políticos para dilucidar si Perú va camino de resolver sus problemas o recupera el proyecto de izquierdas que Cerrón había diseñado originalmente para Castillo.