«Yo soy condenado por revelar el desvío de ayudas de UGT y los responsables se irán de rositas» Roberto Macías Chávez
▶ Relata la pesadilla que sufre desde hace diez años, cuando empezó a desvelar la presunta corrupción sindical
Roberto Macías (Zapotlán el Grande, México, 1980) no teme a los gigantes a pesar de que lo acaban de derrotar en los tribunales. La Audiencia de Sevilla lo ha condenado a un año de prisión por airear a través de los medios de comunicación el supuesto desvío de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía a la UGT regional, un fraude cuantificado en 40,7 millones de euros que va a sentar en el banquillo a cinco de sus exdirigentes en 2024. Macías no utilizó los canales adecuados de denuncia para revelar secretos del sindicato, según la sentencia que piensa recurrir ante el Tribunal Supremo. Tras una década de « calvario » , este antiguo trabajador –despedido por la UGT-A en 2012–, sobrelleva con estoicismo la paradoja de ser el único condenado hasta la fecha por este turbio asunto. No ha perdido el espíritu quijotesco que lo impulsó a actuar y repite sin cesar que lo volvería a hacer aunque ha pagado un precio altísimo.
—Visto lo visto, ¿cree que sacar a la luz las supuestas facturas falsas de la UGT-A ha servido?
—Ha servido para desmontar la imagen de la organización sindical, para que la sociedad sea más cuidadosa con el dinero público y exija más transparencia. Queda pendiente la labor de los tribunales, pero el trabajo periodístico ha sido ejemplar. Ha permitido conocer que la UGT-A defraudó fondos públicos de forma sistemática.
—¿Usted frustró la confianza de su empleador, como dice la sentencia?
—Es posible, pero prima más el derecho de los ciudadanos a conocer que esta organización los ha engañado.
—¿Ha recibido amenazas?
—No. Todo el calvario que he vivido estos años es una represalia directa y no necesitan amenazarme. Soy víctima del hostigamiento del sindicato para sancionar una conducta que, a su juicio, nadie debe seguir o imitar.
—¿Cree que ha terminado pagando el pato en este caso?
—Sí. Hemos visto cómo al exsecretario general de la UGT-A Manuel Pastrana se le archivó la investigación por un tema de salud y cómo diez años después la Justicia es incapaz de sancionar el comportamiento indecente de la organización. Al final, ellos se irán de rositas. Pasará como en el caso Cursach –el juicio contra un empresario del ocio mallorquín que ha acabado con la absolución de todos los procesados–, que no habrá castigo para los responsables. Mi condena la van a utilizar las defensas para solicitar la nulidad de todas las actuaciones.
—¿Quiso vengarse de la UGT-A?
—No, en absoluto. Estamos hablando de un fraude estimado en 40,7 millones de euros y entiendo que el dinero público debe devolverse. La Junta de Andalucía le ha permitido condonar esta deuda, cosa que me parece muy grave. Quiero dejar claro que actué pensando en los intereses de los andaluces y creyendo que era necesario denunciar las irregularidades de las que fui testigo. No podía permitir que se les siguiera engañando y defraudando de forma descarada.
—Para la UGT-A, usted no es un alertador de corrupción. Tanto el juzgado como la Audiencia de Sevilla también ponen en duda que lo sea porque no usó los cauces adecuados para denunciar irregularidades. ¿Por qué no acudió al juzgado o la Fiscalía en lugar de la Prensa? ¿Se equivocó?
—No me equivoqué. Si pudiera volver atrás en el tiempo, haría lo mismo. Los medios de comunicación cumplen un papel institucional garante de la libertad de expresión e información. Brindan una protección que no vas a obtener en los juzgados ni en la Policía. Esto se refleja en la Directiva Europea 1937/2019 que protege al alertador y también la relación entre los periodistas y sus fuentes. Por lo tanto, creo que usé el cauce correcto para denunciar.
—¿Si la directiva europea que protege a los denunciantes hubiera estado en vigor cuando dio el soplo, el final de su historia habría sido diferente?
—Creo que sí. Desafortunadamente, los tribunales se niegan a aplicarla bajo la excusa de no estar transpuesta. El Parlamento Europeo ha pedido explicaciones al Gobierno de por qué no lo ha hecho en dos años. Parece que en España no interesa combatir la corrupción ni proteger a los alertadores.
—En todo este tiempo, ¿le ha llamado algún político para darle apoyo?
—Me reuní con Juan Marín [entonces vicepresidente de la Junta] para impulsar el proyecto de la Oficina Antifraude. En una reunión en el Palacio de San Telmo me dijo que yo era su héroe. Conoce el caso y nada más. Quedó todo en palabras. Luego, de la oficina no he recibido ni una llamada a pesar de que impulsamos esta iniciativa desde la asociación Alianza Anticorrupción.
—¿Cuál ha sido el coste personal y económico que ha pagado?
—Ha sido fortísimo. En España hay listas negras a nivel sectorial. Ninguna empresa contrataría a un administrativo al que acusan de revelar secretos y defraudar la confianza de un antiguo empleador. Estar vinculado a esta trama de corrupción te estigmatiza. Estoy convencido de que en España hay personas vetadas para trabajar en determinados puestos y ése es mi caso.
—¿También ha sufrido su familia?
—Verte en un proceso penal tan largo, sin recursos y estando durante muchos años en desempleo supone un gran desgaste económico y psicológico. No nos hemos visto con fuerzas en algunos momentos para luchar y hemos ido a pedir ayuda y comida a una asistenta social. Es un proceso terrible para una persona que lo único que ha hecho es colaborar con la Justicia para que se investigue a una organización. No sólo tú pagas los platos rotos sino que tu familia lo sufre de forma indirecta.
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«Verte en un proceso penal largo y sin recursos es terrible. He tenido que pedir ayuda y comida a una asistenta social»
—¿Se considera un quijote?
—Denunciar corrupción tiene un componente de locura. En esta locura de querer transformar el sistema, los alertadores somos quijotes.