La ministra ignora los datos del Servicio de Empleo y dice que son 55.300, un 87% menos de lo que dijo el año pasado

sodio de crisis sanitaria iniciado en 2020 con el estallido de la pandemia, y que tardó al menos dos años en despejar del balance presupuestario el coste de las medidas dispuestas en los peores momentos para poder sostener las rentas de los trabajadores y la actividad de los negocios. Ahora, cuatro años después la consolidación de este gasto sin aparente explicación sanitaria es lo que ha hecho saltar las alarmas en el Ejecutivo: el gasto en los cuatro años posteriores a la pandemia – incluido 2020 – es de algo más de 13.000 millones, mientras que en periodo prepandemia equiparable el coste anual medio fue de 7.800 millones. Es decir, el gasto casi se ha duplicado en la última década. Pero incluso más relevante es que en el año 2023, con un impacto residual de las bajas por Covid, se destinara a incapacidad temporal un 18,7% más que en el propio año de pandemia.

Ahora bien, el gabinete dirigido por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, parece haber atendido a la circunstancia. Toda vez que en la comunicación transmitida a las comunidades autónomas recientemente en el que se plasma la intención del Ejecutivo de dar más poder a las Mutuas en patología de carácter traumatológico se especifica que el objeto final de las modificaciones pasa por «reducir la duración de los procesos » , para así disminuir el gasto en incapacidad temporal «tanto para el sistema general como para las mutuas».

Para la consecución de la medida el Gobierno ha impulsado ya una negociación con patronal y sindicatos como una ampliación de la declaración de intenciones plasmada ya por los representantes de empresarios y sindicatos en la firma del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) –donde se plantea la necesidad de fijar líneas de actuación que como consecuencia reduzcan el número de procesos y su duración–. Las organizaciones instan a los poderes públicos a desarrollar convenios con dichas Mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes de origen traumatológico.

Sin embargo, tal y como trasladan desde la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) este gesto podría quedar en agua de borrajas si no se acompaña de una visión más ambiciosa por parte del Gobierno. Desde la patronal señalan que sólo si se permite a las Mutuas recetar el alta del trabajador se logrará dotar de eficacia al sistema y reducir los niveles de gasto asociado. Según AMAT, el absentismo en su lectura más amplia le cuesta al tejido productivo más de 140.000 millones de euros al año, resultante de las 8,3 millones de bajas laborales causadas en 2023. Por ello, reclaman un mayor poder en la prescripción del alta definitiva del trabajador, que según los planes del Gobierno quedará aún en manos del INSS.

Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo

En marzo de 2023, a una pregunta del PP en el Senado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que existían 440.000 fijos discontinuos inactivos en España; hace unos días reducía drásticamente esta cifra en la misma Cámara hasta los 55.300, un 87,5% menos. Para argumentar este último dato, Díaz no recurrió a sus propias estadísticas, las del Servicio Público de Empleo, y prefirió tomar los datos más amables de la EPA que elabora el INE. Unos ‘microdatos’ en los que se incluyen los considerados inactivos, pero... ¿cuántos de ellos cobran el paro?

Este último dato lo proporciona el Servicio Público de Empleo (SEPE) y a cierre de febrero eran 149.655 los empleados con un contrato fijo discontinuo inactivo que estaban cobrando el desempleo. Esto quiere decir que al menos hay esos 149.655 fijos discontinuos inactivos que cobran una prestación contributiva por desempleo y que no están reflejados en el registro; es decir, casi tres veces más que la cifra que la ministra proporcionó en el Senado tras asegurar que ningún gobierno «desde hacía 45 años» había sido tan transparente con estos datos.