Galicia, enfrentada por la proyección de una planta de fibras textiles a base de celulosa
▶ La oposición y diversas asociaciones critican su posible impacto en el medio y el consumo de recursos naturales
La proyección de una planta de fibras textiles a base de celulosa en la provincia de Lugo tiene a Galicia dividida. Para unos, es la llave para generar empleo en una zona que es prácticamente un desierto industrial, con un proyecto que creará 500 puestos directos y otros 2.000 indirectos, que cerrará el ciclo de la madera en la Comunidad y la situará a la vanguardia en el sector textil. En cambio, para otros, es el tiro de gracia para la provincia, una «bomba ambiental» en el corazón de la Comunidad.
El origen del proyecto, denominado GAMA, se remonta a 2020. El por aquel entonces presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, anunciaba la creación de una planta de fibras textiles a base de celulosa como uno de los proyectos que optaban a los fondos Next Generation. De aquella se hablaba de viscosa, pero finalmente sería lyocell, menos contaminante y 100% biodegradable. Y la empresa encargada de llevarlo a cabo sería la lusa Altri, que participa junto con Greenalia en la sociedad Greenfiber, promotora de la planta.
La iniciativa parecía tener el apoyo de los tres partidos mayoritarios. En 2022 se aprobó por unanimidad en el Parlamento gallego una Proposición No de Ley por la que se acordaba «dar prioridad» al proyecto, se establecía como ubicación preferente la provincia de Lugo y, dentro de ella, la comarca de A Mariña, siempre que las características técnicas lo permitieran. Pero no lo hicieron, y Altri se decantó por Palas de Rei, algo que el alcalde socialista de Foz, Fran Cajoto, llegó a tachar de «traición» de la Xunta. Pero ellos no eran los únicos que lo querían. Otro alcalde de la comarca, el nacionalista Fernando Suárez, también había ofrecido su municipio, Ribadeo, para acoger lo que definió como una «iniciativa inteligente».
Fue al conocerse las necesidades de materia prima de la planta cuando ese apoyo, en principio unánime, se vino abajo, y tanto el BNG como diversas asociaciones medioambientales y de vecinos de la zona se movilizaron para mostrar su rechazo al proyecto y presentar las máximas alegaciones posibles al estudio de impacto ambiental, que en marzo salió a información pública. Se dijo que consumiría 46.000 m3 de agua al día del río Ulla, que solo devolvería el 80% y que estaría contaminada, afectando a su cauce y a la ría de Arousa, donde desemboca. Que era una «macrocelulosa encubierta más grande que Ence», una pastera de papel ubicada en Pontevedra, rechazada por muchos por sus malos olores e impacto en el medio; o que promovería la «eucaliptización», una especie pirófita que, descontrolada, agota los recursos del suelo.
En cambio, desde Altri mantienen que 46.000 m3 es la capacidad máxima de la infraestructura, pero que en la primera fase prevén emplear 20.000 m3 y devolverlos prácticamente en su totalidad, y en condiciones «incluso mejores» tras haber sido tratada. De hecho, Pedro Baptista, director de Producción Altri, ha asegurado que no solo cumplirán con toda la normativa vigente, sino que irán «más allá», con, por ejemplo, un cinturón verde que rodeará la planta y una actividad libre de malos olores.
Además, en numerosas ocasiones han explicado que el proyecto GAMA no está relacionado con la producción de papel, sino con el mundo textil, llegando a decir su consejero delegado, Soares de Pina, que «no tiene sentido» compararlo con una industria de hace 50 años, como la de Pontevedra. Aseguran que podrían abastecerse sin problema los 1,2 millones de toneladas de eucalipto que requeriría la empresa al año, dado que cerca de la mitad de las 5,3 que se comercializaron en la Comunidad en 2023 fueron exportadas.
«Posturas populistas»
En la esfera política, su mayor opositor ha sido el BNG, que lo ha tachado de «bomba ambiental» en el corazón de Galicia, declarando una «ofensiva» cara el proyecto. Menos rotunda es la posición del PSdeG, que mantiene su compromiso con la creación de industria, pero siempre que sea respetuosa con el medio, sin pillarse los dedos. Por su parte, desde la Xunta piden «confianza»; asegurando que no saldrá adelante un proyecto que no cumpla con la normativa, y ven un claro «interés electoral» en el cambio de postura de la oposición.
La semana pasada, el presidente, Alfonso Rueda, dijo ver «lógico» que haya un debate público al respecto, pero afeó las «posturas populistas» que tratan de «engañar o manipular a la sociedad gallega presentándole una disyuntiva que es falsa» sobre industria o medio ambiente. Con todo, la que es, en palabras del alcalde de Palas de Rei, el popular Pablo Taboada, la mayor inversión de la historia de la provincia, está pendiente de saber si recibirá o no financiación europea, cerca de un 25% de una inversión que ronda los 900 millones, sin los que la iniciativa, dicen desde Greenfiber, no es viable.
En la imagen superior, una recreación de la planta. En la inferior, la finca en la que está actualmente proyectada, en Palas de Rei (Lugo)