Organismos de control alertan del aumento de siniestros en ascensores
Afirman que más del 30% de las inspecciones tienen defectos y piden que se cambie la ley
El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control (Fedaoc), Jesús Méntrida, ha alertado del aumento de la siniestralidad en los ascensores del país que ponen en evidencia que algo está fallando de forma «alarmante». Los organismos de control (OC) se encargan, mediante la delegación de funciones por parte de la Administración, de inspeccionar instalaciones como los ascensores para verificar que se cumplen los Reglamentos de Seguridad Industrial. Méntrida explica que para ello había un marco normativo que estaba funcionando adecuadamente y que las OC eran empresas con una competencia técnica acreditada y una autorización administrativa que habilitaba o deshabilitaba.
«Pero una liberalización mal aplicada —sigue— provocó que el control de la Administración competente fuese suprimido y sustituido por una simple declaración responsable con lo que se empieza a actuar como meros operadores económicos consiguiéndose, menos seguridad, más riesgo y una depreciación económica del servicio de inspección, que para nada favorece al usuario final». Agrega que «el marco normativo actual ha pasado a contemplar nuestra labor simplemente como una actividad económica, olvidando nuestra función primordial de garantes de la seguridad» y que «esta falta de vigilancia por parte de la Administración ha provocado que proliferen servicios que priorizan el negocio por encima de la ética y la profesionalidad, seduciendo con tarifas que suponen un sacrificio irresponsable de la calidad y rigurosidad que debe aplicarse siempre en la labor de inspección».
Destaca que, en base a los datos que entregan las diferentes empresas y asociaciones que conforman Fedaoc, «la cifra que manejamos es que más del 30% de las inspecciones de los ascensores tienen defectos». No pasa por alto el aumento de accidentes en ascensores y así cita que en 2015 alcanzaron los 350 con un resultado de 2 muertos y que en 2016 se superaron los 500, sin víctimas mortales.
Además de una revisión de la ley Méntrida pide censos fiables de instalaciones y estadísticas de inspecciones realizadas y de los defectos encontrados.
«En resumen —termina— conocer el mapa real de cada sector para tomar medidas con la antelación suficiente sin tener que esperar a los accidentes mortales».