La Audiencia de Huelva mantiene viva la pieza política del caso Formación
∑ Avala el procesamiento por prevaricación y malversación del exdelegado de Empleo
La pieza política por el fraude en los cursos de formación de la Junta sigue viva en Huelva y continúa su tramitación en la antesala de la solicitud de apertura de juicio oral, pendiente de la posición que vaya a tomar la Fiscalía.
Año y medio después de que el titular del Instrucción 5 de Huelva, Javier Romero, dictara auto de transformación en procedimiento abreviado de la causa y procesara a siete altos cargos de la Delegación de Empleo de la Junta en la provincia, la Audiencia Provincial viene a ratificar la resolución del instructor, según han confirmado a ABC fuentes judiciales.
En el referido auto, el juez procesa por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al ex delegado de Empleo de la Junta y director del SAE en Huelva, Eduardo Muñoz García, y a otros seis cargos del mismo departamento. En la lista figuran el Secretario General de Empleo, José Martínez Iglesias; al Jefe del Servicio de Formación para el Empleo (José Ángel Gil Flores); el Jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua (Manuel María Velázquez Cabrera), además de dos técnicos de la Comisión de Valoración y la persona en cuyas manos recaía la justificación económica de las subvenciones.
En este tiempo, se han sucedido los recursos por parte de las representa- ciones legales de los investigados, hasta llegar a la Audiencia Provincial –Sección Primera— el pasado año, que ha venido a dictar un nuevo auto respaldando las posiciones que se recogen el juez Romero en su auto.
Una vez trasladada la confirmación de esta resolución a las acusaciones a final del pasado año, la Junta ha respondido solicitando el sobreseimiento de la causa —como hizo anteriormente— y se está a la espera del escrito del Ministerio Público. En fase anterior, la Fiscalía solicitó la desestimación de los recursos.
El auto del Instrucción 5 que ahora se confirma considera que existen «suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas».
Según la resolución, Eduardo Muñoz «era conocedor de que el procedimiento de selección y baremación de entidades beneficiarias no se ha realizado acorde a la legalidad, y que conocía o podía conocer que se estaban asignando fondos públicos a entidades que no cumplían con los requisitos legalmente establecidos; manteniendo una estructura desigual, principalmente en cuanto a la justificación de las subvenciones, que favorecía la absoluta falta de control del dinero entregado».
En el mismo documento, el juez echa por tierra el argumento de que al contar con el visto bueno del interventor todo era legal, destacando que precisamente «ha sido el Interventor Provincial el que analizando los expedientes, pudo detectar que se estaban produciendo irregularidades» y dar la alarma.