Defender la Constitución costó 87 millones de euros
Casi cinco horas invirtió el ministro de Interior en explicar ayer en el Senado los pormenores de la operación Copérnico, desplegada en Cataluña para frenar el golpe separatista. Juan Ignacio Zoido lamentó el uso puntual de la violencia durante la jornada del 1 de octubre, respuesta directa a la ofensiva organizada por los radicales, denunció la «absoluta pasividad» de los Mossos durante la jornada y le pasó la cuenta del dispositivo policial –87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamientos, dietas y productividades– a quienes tramaron la revuelta: el Ejecutivo de Carles Puigdemont y todos aquellos que empujaron a los ciudadanos contra la ley y la Policía.
Las previsibles críticas de los nacionalistas, a cuyo coro se sumaron los proetarras de Bildu, no hicieron mella en el titular de Interior, que, armado de documentos, rebobinó la cinta de un relato que no fue policial, como pretende el separatismo, sino puramente político y de naturaleza subversiva. «Lamento como el que más que hubiera heridos, claro que sí, pero los responsables fueron quienes con un comportamiento arbitrario, irresponsable e ilegal generaron un clima de crispación y desobediencia», dijo Zoido, que hizo hincapié en la trampa urdida por los Mossos y la Generalitat en una jornada en la que la Policía y la Guardia Civil quedaron como únicos garantes de la ley en Cataluña. Son otros los que, en el Supremo, tienen que dar explicaciones.