La Junta censura una campaña por «sexista» al decir «usuarios» en vez de «personas usuarias»
Omite también los términos «padre» y «madre» en las solicitudes de ayudas para partos múltiples
Para la Junta de Andalucía utilizar términos como «consumidores» y «usuarios» son manifestaciones propias de un «lenguaje sexista» y perpetúan estereotipos que socavan la igualdad de la mitad femenina de la población. Por lo tanto, deben ser desterradas y sustituidas por expresiones más «neutras» como «personas consumidoras» y «personas usuarias». Cualquier organización que ponga en marcha una campaña informativa con cargo a subvenciones autonómicas debe tomarse en muy serio esta singular norma lingüística, porque de lo contrario puede enfrentarse a multas económicas (de hasta 900 euros) al «considerarse una infracción leve de la Ley General de Subvenciones». En los casos más extremos tal incumplimiento conllevaría la devolución de la subvención.
Es lo que le ha sucedido a FacuaConsumidores en Acción —«Personas Consumidoras en Acción», según la norma lingüística de la Junta— con motivo de una campaña informativa sobre reclamaciones judiciales a la banca que ha realizado esta organización. La Junta de Andalucía financia esta actividad con una subvención de 50.000 euros concedida mediante concurrencia competitiva.
Infracción legal
Tras recibir una advertencia de la Dirección General de Consumo, dependiente de la Consejería de Salud, la entidad que dirige Rubén Sánchez se ha visto forzada a adaptar el texto eliminando las palabras «consumidores» y «usuarios» para sortear la censura de la Administración. La Junta le ha instado mediante correo electrónico a suprimir de los contenidos de sus campañas financiadas con dinero público todas las expresiones «realizadas en masculino genérico» como «consumidores», como instruyen las guías que difunde el Instituto Andaluz de la Mujer para dar visibilidad a las féminas.
Tales palabras deben ser sustituidas por lo que denomina «otras estructuras no excluyentes» como, por ejemplo, «personas consumidoras», según denuncia la organización.
La Dirección General de Consumo lo justifica así: «Desde la Administración de la Junta de Andalucía se considera que el uso del masculino neutro es lenguaje excluyente y que podría incumplir las obligaciones de los beneficiarios recogidas en el artículo 24.1 i) de la Orden de 5 de octubre de 2015 por la que se aprueban la Bases Reguladoras tipo para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva». «Este tipo de lenguaje podría considerarse una infracción leve en base al artículo 56 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones», añade en su escrito.
Poco le importa a la Junta que tales imposiciones lingüísticas vayan en contra reglas básicas como la economía del lenguaje o el hecho de que el uso genérico del masculino para designar los dos sexos esté firmemente asentado en el sistema gramatical del español. Así lo estableció la Academia de la Lengua en un informe escrito en 2012 por Ignacio Bosque y suscrito por 26 académicos.
«La igualdad de mujeres y hombres no se logra imponiendo censura lingüística. Ni tampoco actuando con esa falta de coherencia que lleva a advertir de una organización ciudadana de que está supuestamente incumpliendo una ley por escribir de la misma forma que la propia Junta en multitud de informaciones de su página web o Susana Díaz en su cuenta de Twitter», declaró Rubén Sánchez a ABC.
Ni padres ni madres
Pero la decidida guerra contra el «lenguaje sexista» se extiende a todos los campos de la burocracia. Así, la Junta elude citar los términos padre o madre incluso en las solicitud de ayudas económicas por menores y partos múltiples. En ellas no pide los datos del progenitor, sino del solicitante. Y para determinar qué función cumplen en la familia los miembros que la componen cuenta con el apartado parentesco. Además, para conseguir la subvención la Consejería de Salud pide un documento que acredite que quien la pide (por lo general, el padre o la madre) ostenta la guarda de los menores como titular de la patria potestad.
Para el portavoz de la comisión de Cultura del PP de Andalucía, Antonio Garrido, la omisión de los términos padre y madre en la solicitud no se deriva del olvido, sino de la ideología. En su opinión, la administración andaluza busca conscientemente sustituir los vocablos utilizados para definir a los cabeza de familia por términos neutros. Lo que demuestra, aclara, la metástasis de la ideología de género en el ámbito administrativo. Cita como ejemplo que en las solicitudes para la escolarización la palabra guardador ha sustituido a la palabra padre.
Pero «guardador», al menos, es una palabra que tiene acomodo en el diccionario de la Real Academia Española (RAE). No ocurre así con «monomarental», neologismo de moda por mor de su utilización por parte de la diputada socialista Olga Manzano Pérez, firmante de una proposición no de ley para implementar medidas de
protección a las familias «monoparentales y monomarentales» en el ámbito educativo. El término «monomarental» no cuenta con el nihil obstat académico, según informa a ABC una fuente de la institución que vela por la buena utilización de la lengua. «No es una palabra aceptada por la RAE», aclara.
Precisamente, la propuesta, debatida en el pleno del pasado 8 de junio, suscitó polémica por el término utilizado para definirla. Así, Garrido fue reprendido por la vicepresidenta primera de la cámara, Teresa Jiménez, por aclarar desde su escaño al orador, José Antonio Funes Arjona, de Ciudadanos, que la palabra que había utilizado no existía.