Las obras de los juzgados del Prado, paradas desde hace meses
∑ Justicia lo achaca a que la empresa adjudicataria ha incumplido el contrato
Las obras que realiza la Consejería de Justicia en el edificio de los juzgados del Prado de San Sebastián llevan varios meses paralizadas y su interrupción supondrá que la Junta de Andalucía no podrá cumplir el plazo de ejecución del proyecto que debía estar finalizado a principios de este mes de junio.
Se trata del proyecto de «Reforma parcial de la sede Judicial del Prado» que, según la Consejería de Justicia, tenía fecha de finalización para el 7 de junio de 2018, justo ocho meses después de su inicio. Las obras consistían en el adecentamiento de parte de la planta baja, donde se ubica el registro y también el trasladado del decanato de la planta tercera a la baja. Y se completarían con el posterior traslado de los juzgados de violencia de género que ahora se ubican en un edificio de alquiler en la Buhaira, y cuya mudanza estaba prevista de forma inminente.
Sin embargo, esas obras están totalmente paradas desde hace algún tiempo, un mes y medio según la Consejería de Justicia, pero algún tiempo más según el testimonio de funcionarios y trabajadores de la casa. Hay una gran lona azul que cubre las obras de la planta baja tras la cual se observan los trabajos a medio hacer y en la planta superior hay agujeros en los techos. «Cualquier día se nos cae encima», decía ayer una funcionaria.
La versión oficial que da la Consejería de Justicia de lo que ha ocurrido es que las obras están paradas «por un incumplimiento de contrato» por parte de la empresa adjudicataria del proyecto, la sociedad Easy 2000. Y que, después de que la citada entidad no haya cumplido, la Junta de Andalucía está actualmente en el proceso de rescisión de ese contrato. De hecho, según Justicia, no se trata de que no hubiera dinero para afrontar las obras ya que ese dinero «estaba consignado en los presupuestos». La responsabilida de esa paralización se achaca a la citada entidad.
El proyecto tenía un coste inicial de de 350.000 euros y se adjudicó por 265.000 euros, la oferta más ventajosa. Sin embargo, la empresa sólo ha ejecutado el 20 por ciento de las obras, según admiten en Justicia. Y ese retraso provocará nuevas demoras ya que, si no se libera en la tercera planta el espacio necesario para los juzgados de violencia de género, no se podrán iniciar tampoco esas obras de traslado.
Penalizada
Según la Consejería de Justicia, la cuestión está ahora en manos de la Secretaría General Técnica de la Consejería que está en pleno proceso de resolución de contrato. Posteriormente tendrá que volver a empezar desde el principio con un nuevo proceso de adjudicación. Ahora la Junta de Andalucía estudia una penalización para la empresa en cuestión que podría suponer que esa entidad no pueda optar a ningún contrato del Ejecutivo andaluz durante un plazo de un año.