Sánchez estudia ya la retirada de los recursos de inconstitucionalidad a diez leyes catalanas

∑ El PSC elabora una lista con las normas impugnadas por Rajoy que serán revisadas ∑ El presidente pretende rebajar los litigios con Cataluña potenciando la relación bilateral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está empeñado en hacer todo lo posible para apaciguar las relaciones con Cataluña y ya ha dado la orden a su equipo para que se revisen los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Ejecutivo anterior del PP a una decena de leyes aprobadas por el Parlament.

El líder del PSOE, según confirmó ayer desde París tras reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, está dispuesto a levantar algunas de las impugnaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional para renegociarlas directamente con la Generalitat, en el marco de la comisión bilateral de cooperación del Estado con Cataluña.

Tentar a Torra

Sánchez responde así a una de las principales exigencias del presidente catalán, Quim Torra, que al asumir el cargo por orden de Carles Puigdemont avisó de que trataría de recuperar esa normativa anulada, en parte o al completo, por invadir competencias del Estado o por clara conculcación de la legalidad.

La pretensión del líder socialista es poder llegar a su reunión bilateral del día 9 en La Moncloa con el camino desbrozado para arrastrar a Torra de vuelta al autonomismo. El objetivo del independentismo es que la legislación anulada entre en vigor cuanto antes, pactando o no.

Según confirmaron a ABC fuentes socialistas, el presidente reclamó al secretario general del PSC, Miquel Iceta, que elaborara una lista con las normas impugnadas que puedan ser objeto de examen y por tanto se reconsidere su recurso de anulación ante el TC. El grupo socialista en el Parlament ha discriminado una decena de leyes y un decreto aprobados por la Cámara autonómica que tienen contenido social, económico o que afectan a «los retos de futuro», pero ha descartado de plano el bloque que subvierte claramente el orden constitucional tratando de construir la república ficticia catalana.

Las que han sido descartadas por el PSC, y por tanto no están sujetas a ninguna revisión, son esas leyes para construir la república, anuladas por el TC: la del referéndum, la de transitoriedad jurídica y fundación de la república, la modificación de la ley de presidencia y del Govern, la reforma del reglamento del Parlament o los últimos Presupuestos catalanes, que incluían partidas independentistas. Tampoco está sobre la mesa del PSC la del Código Tributario, que disimula el proyecto de crear una Hacienda Pública propia.

En cambio, el Gobierno socialista ve margen para renegociar con la Generalitat normas que «afectan al estado de bienestar» o de índole económica. En este grupo figuran leyes muy polémicas como la de la Agencia Catalana de Protección Social, que en realidad aspiraba a crear una seguridad social propia, o la de creación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, rebautizada como el «CNI catalán», que asume competencias nacionales.

Otras leyes revisables son la de universalización de la asistencia sanitaria –a los residentes en Cataluña– o la del cambio climático, que la actual ministra del ramo, Teresa Ribera, aplaudió y que el PSC votó a favor. Lo mismo ocurre con la de asociaciones de cannabis, también apoyada por Ciudadanos, pero que entra en colisión con el Código Penal.

En la mayoría de estos casos, recuerdan los socialistas, el Constitucional ha suspendido artículos concretos, no toda la ley. «Queremos examinar cómo está cada una de ellas, en qué puntos se entra en conflicto y ver si se pueden subsanar mediante el pacto», señalan desde el PSC. El objetivo del Gobierno, se insiste, es rebajar el a su juicio elevado nivel de litigiosidad al que llevó el PP con todas las comunidades, y fomentar la relación bilateral y la cooperación entre administraciones. No se revisará solo la conflictividad con la Generalitat, sino con todos, confirman en el Ministerio de Política Territorial que ha heredado los recursos del PP.

Cs: «Es un pago a la moción»

Ciudadanos, líder de la oposición en Cataluña, considera una «irresponsabilidad» abrir la mano a quienes «expresamente han legislado para desbordar la Constitución». «Es un pago clarísimo de Sánchez a los votos de los separatistas a su moción de censura»,

denuncia su portavoz en el Parlament, Carlos Carrizosa.

El secretario general del PP catalán, Santiago Rodríguez, tampoco ve «razonable» que el Ejecutivo ceda ante quien desafió a la ley y recuerda que la Generalitat cerró la puerta al acuerdo previo a la judicialización. Tanto Cs como PP señalan que el separatismo ha aprobado normas asumiendo de partida que serían recurridas con el único objetivo de explotar su victimismo. «Querían sacar ventaja populista quejándose de que el Estado les impedía legislar para mejorar la vida de los catalanes en materias sociales que no son de su competencia», apunta Carrizosa.

El apoyo de Macron

Sánchez corroboró ayer la intención de su Gobierno de levantar recursos a leyes catalanas con el «ánimo» de «normalizar las relaciones institucionales». Y encuadró la coincidencia del Rey con Torra, en la inauguración de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, como un intento de normalización, eludiendo así los desplantes continuados del mandatario catalán a la Corona.

Por su parte, Macron confirmó a Sánchez el apoyo más enérgico de Francia a España ante el desafío secesionista catalán. Según una fuente diplomática que participó en la comida de trabajo, el presidente francés insistió la dimensión europea del desafío catalán, informa Juan Pedro Quiñonero.