EL SECTOR DEL DIÉSEL DECLARA LA GUERRA AL GOBIERNO
Afirma que el anuncio de que el gasóleo tiene los «días contados» afectará a miles de empleos y provocará la pérdida de más de 7.000 millones en impuestos
Las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegurando que «el diésel tiene los días contados» han generado un aluvión de reacciones negativas. Tanto desde las patronales de la automoción Anfac y Ganvam, como desde la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que consideran que esta afirmación puede acarrear graves consecuencias para el sector. Ribera parece que no conoce los avances tecnológicos en la reducción de sustancias contaminantes de los motores diésel, que en la actualidad, si hablamos de mecánicas modernas, son similares o incluso superiores a las de los vehículos con motores de gasolina. Desde Anfac pidieron ayer «moderación» al Gobierno en torno al diésel, al tiempo que alertaron de las «graves consecuencias» en empleo, industria y cambio climático que pueden ocasionar los posibles vetos a esta tecnología.
La ministra de Industria, Reyes Maroto, se reunió ayer con los representantes de la Asociación de Fabricantes, a quienes transmitió su apoyo a la industria de la automoción en España para atraer más inversiones a las fábricas. Desde Anfac, por su parte, trasladaron a la ministra la intención de abordar una transición ordenada hacia una movilidad cero y bajas emisiones, la urgencia de una nueva fiscalidad y la necesidad de ayudas a la inversión en fábricas.
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Petroleras «Regular en función de las emisiones»
Según la AOP, tanto la industria como el transporte han realizado en los últimos años un esfuerzo muy importante para mejorar sus niveles de eficiencia y reducir considerablemente sus emisiones. Los niveles de emisión permitidos en vehículos se fijan en Europa en función del tipo de motor (motor ciclo Otto o motor Diésel) y no en función del tipo de carburante que utiliza dicho motor.
Según Luis Aires, presidente de la AOP y presidente de BP España, si el Gobierno decide equiparar la fiscalidad del gasóleo a la de la gasolina no debería «disfrazar» esta decisión como una medida medioambiental, ya que es un hidrocarburo que emite menos CO2 que la gasolina.
Fabricantes «Una cruzada contra el diésel»
El presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (Ganvam), Lorenzo Vidal de la Peña, pide al Gobierno que «encauce la cruzada contra el diésel y evite lanzar dardos sin fundamento contra esta mo-
torización», argumentando que «es un hecho que los nuevos Euro 6 emiten la misma cantidad de partículas que un gasolina, pero menos CO2 por ser más eficientes y consumir menos carburante».
Mientras, desde Anfac advierten de las consecuencias que la prohibición del diésel podría poner en peligro al empleo y a la producción de coches en España, que aporta el 10% al PIB y emplea al 9% de la población activa. «La incertidumbre solo puede provocar que perdamos oportunidades de nuevas adjudicaciones de modelos, y con ello que nuestra industria se debilite gravemente», afirmó el presidente de Anfac, José Vicente de Los Mozos.
Transportistas «El veto al diésel haría inviable el sector»
Desde la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA), su presidente Antonio Villaverde, ha mostrado a ABC su desconcierto, ya que «no existen alternativas». Según el presidente de ATA «los políticos desconocen el día a día de un sector como el nuestro». El secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), Juan José Gil, opina por su parte que «las energías alternativas no son una solución real y factible en la actualidad para los vehículos de transporte». «Entendemos que las palabras por parte del Gobierno están dichas en unos términos genéricos, ya que no se pueden enfocar a los vehículos de transporte. El diésel es el único combustible que hay para los camiones y los autobuses», indica.
Legalidad «Va contra de la Constitución Española»
Legalmente restringir el diésel de forma genérica puede tener algunas trabas. Así, María Benito, abogada de Bufete Prolegue, cree que «no puede prohibirse sin más. Se debería fijar una fecha a medio plazo para que fabricantes y distribuidores puedan realizar los ajustes pertinentes, determinar en qué niveles de contaminación podrán circular, según qué tipos de vehículo y actuar coordinándose los diferentes estados de la UE».
Una prohibición genérica iría, por tanto, «en contra del principio de irretroactividad de las normas recogido en el artículo 9.3 de la Constitución». Este principio se asienta en «los deseos de certeza y seguridad jurídica y el respeto de los derechos adquiridos. Restringir o prohibir la circulación de vehículos diésel sería una medida discriminatoria atentando con las expectativas de millones de usuarios que hubieran adquirido vehículos diésel legalmente».