INJUSTICIA ALEMANA CONTRA ESPAÑA

Puigdemont debe ser juzgado por los delitos que contempla nuestra legislación, y no por los que el tribunal de un land alemán vea oportunos

LA decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de entregar a a Carles Puigdemont exclusivamente para ser juzgado por un delito de malversación, descartando la rebelión y la sedición, es una pésima noticia para nuestra democracia y nuestro sistema judicial. La inutilidad de un instrumento como la euroorden es evidente, y parece necesario exigir una profunda revisión de este sistema de entrega inmediata de delincuentes. De facto, supone una victoria moral para el separatismo catalán y su aparato de propaganda internacional, y resulta ofensivo para nuestro sistema de garantías y para el Supremo. Se trata, además, de una decisión sin posibilidad de ser recurrida, salvo por Puigdemont, y sitúa al magistrado Pablo Llarena ante una compleja tesitura. Sin embargo, la coherencia jurídica y la defensa de nuestras garantías constitucionales exigen que Puigdemont sea juzgado por los delitos que contempla nuestra legislación, y no por los que el tribunal de un land alemán vea oportunos. El tribunal germano argumenta que «no es admisible» la entrega por rebelión porque no se produjo «violencia suficiente». Tampoco valora la entrega del expresidente de la Generalitat por sedición, una alternativa abierta por el propio Llarena cuando comprobó que los hechos sí serían compatibles con el delito de «perturbación del orden público» de la legislación alemana. La tibia reacción del presidente Sánchez ante este golpe jurídico se quedó ayer corta. No basta con acatar las sentencias, sin asomo de críticas, como las dirigidas por su Ejecutivo a la sentencia de La Manada. Se trata de respaldar nuestro ordenamiento jurídico y apoyar a nuestros tribunales, más aún en un asunto capital para el Estado de Derecho.

A la espera de que se manifieste la nueva Fiscalía, se abre un dilema en España: si se acepta la entrega, Puigdemont solo podrá ser juzgado por malversación, en un «banquillo a dos velocidades» en el que diferentes personas serían enjuiciadas por los mismos hechos, pero por diferentes delitos, un despropósito que generaría un agravio de desigualdad, de modo que un fugado de la Justicia española se convertiría en un acusado privilegiado frente al resto de procesados que no huyeron y están en prisión. Parece improbable que Llarena admita este planteamiento. Por otro lado, si se renuncia a la entrega, Puigdemont tendrá que permanecer fuera de España, ya que con un hipotético regreso sería detenido de inmediato y juzgado por rebelión. La decisión de la Justicia germana es grave porque no solo desautoriza de forma flagrante a nuestros tribunales, sino que asesta un duro golpe a la euroorden. El separatismo intentó dar un golpe de Estado en Cataluña mediante una innegable rebelión contra las leyes de un Estado democrático y de Derecho, y contra numerosas sentencias y resoluciones judiciales. La Justicia alemana no ha entendido o no ha querido entender nada de lo que sucedió.