El Govern pide usar la Fiscalía y la Abogacía para liberar a los presos
Aragonès plantea demandas económicas y apuesta por la relación bilateral
La estrategia de distensión de La Moncloa sigue su curso. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reunieron, por separado, con el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Del lado del Gobierno, se muestra satisfacción en tanto que se consolida la «recuperación del diálogo institucional» que comenzaron el pasado lunes Pedro Sánchez y Quim Torra. Calvo enmarcó el encuentro en la normalidad «y en lo que queremos que sea habitual», en un proceso que permita hablar «con franqueza y con lealtad». Ambos dirigentes acordaron que la primera reunión de esa comisión bilateral pueda reunirse «ya en unos días».
Del otro lado de la mesa, demandas y exigencias respecto a las «deudas pendientes» del Estado con Cataluña. Pere Aragonès planteó la necesidad de «revisar al alza los objetivos de déficit para las CCAA», que para el próximo año se establece en el 0,1%. Apuntó a la gestión de la deuda de la Generalitat, cambios en la financiación de la ley de dependencia o la financiación de los mossos, un apartado en el que cifró una deuda de 700 millones.
Tras sus dos reuniones Aragonès compareció ante la prensa en Blanquerna, sede de la Generalitat en Madrid. La decisión del tribunal alemán sobre la extradición de Carles Puigdemont inundó la comparecencia. Para la Generalitat la decisión del tribunal alemán ratifica que «la instrucción Llarena no pasa la prueba del algodón de otras jurisdicciones europeas». Aragonès consideró que «ha quedado demostrado que no se aguanta» esa acusación y cree que pone en jaque todo el proceso, porque sobre la acusación de rebelión «gira toda la instrucción».
Tras esta decisión, el número dos de la Generalitat planteó que el Gobierno tiene «muchos elementos para sacar los hechos de octubre de la justicia y llevarlos a la mesa de negociación». Y apuntó específicamente: «Tiene instrumentos para hacerlo, y no solo la Fiscalía, sino también la Abogacía del Estado», por su papel de acusación, e insistió en que el Gobierno que tiene «muchos instrumentos para aligerar esta situación».
Después de poner encima de la mesa todas estas exigencias, se le preguntó si la Generalitat estaría dispuesta a participar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como una comunidad más, que es el anhelo del Gobierno en su apuesta por la «normalización», el dirigente de ERC no cerró del todo la puerta, a la espera de conocer «fecha y concepción» del cónclave, pero sí ha dejado claro que no es su planteamiento: «Hemos expresado que la relación tiene que ser bilateral. La participación en órganos multilaterales no es prioritaria y no la contemplamos».