May detalla su propuesta de Brexit a Bruselas

A cambio de facilitar el trámite aduanero para algunos productos, propone en el Libro Blanco que los comunitarios puedan viajar sin visado, por turismo o trabajos temporales, al Reino Unido

Han tenido que pasar dos años desde el referéndum del Brexit para que el Gobierno británico detallase el plan definitivo con la UE para acordar su salida del bloque comunitario en marzo del año que viene.

En el documento, el más extenso hasta la fecha (100 páginas) y titulado «Libro Blanco del Brexit», el Reino Unido le propone a Bruselas un acuerdo que se sostiene en cuatro pilares básicos: un mercado común de bienes, un acuerdo laxo en servicios, máxima cooperación posible en materia de defensa y facilidades para la movilidad de los ciudadanos. May lo ha catalogado como una «propuesta integral, ambiciosa y que logra el equilibro necesario entre derechos y obligaciones». Sin embargo, como era de esperar, desde el bando «brexiter» consideran inadmisible seguir bajo el reglamento común, lo que les situaría como «vasallos de Europa» y confirmándose, a su juicio, el «Brexit in name only» (Brexit solo en el nombre).

Las reacciones no se han hecho esperar: los laboristas lo catalogan como «inviable», según su portavoz, Keir Starmer, y desde las propias filas «tories», el diputado brexiter por bandera, Jacob Rees-Mogg, se refiere al acuerdo como el «mayor vasallaje desde que el rey Juan I rindió tributo a Felipe II de Francia en Goulet en 1200».

Mercado común de bienes

En el documento no se menciona el término unión aduanera, de cuyo sistema la «premier» dijo que el país abandonaría, pero sí se propone «un área de libre comercio para bienes», con equivalencia normativa y un «dispositivo facilitado de aduanas». Y esta fórmula se parece mucho a una unión aduanera.

El Libro Blando del Brexit cataloga el conjunto de la propuesta como un «acuerdo de asociación», pese a que May fue tajante en el pasado asegurando que en ningún caso el Reino Unido sería «miembro asociado de la UE». Unas palabras que no podrá cumplir por la necesidad de evitar la imposición de controles fronterizos que se acabarían instalando en una vuelta a lo que sería una frontera dura con Irlanda, algo inadmisible para Bruselas. Pero la «premier» sigue cediendo e incluso se compromete a respetar las actuales normas comunitarias sobre subsidios estatales, a fin de asegurar una competencia «justa» y evitar el proteccionismo económico. Los intercambios comerciales seguirían efectuándose bajo las normas europeas que Londres tendría que seguir respetando, algo que los más euroescépticos de los «tories» han denunciado como intolerable.

Los servicios, excluidos

Esa zona de libre comercio los excluye y, por tanto, al 80% de la economía británica y la mayor parte de los intercambios entre ambas partes. Sin un acuerdo preferente para la mayor actividad económica entre el Reino Unido y la UE, se queda fuera también el sector financiero y lo que eso implica: la City. El gigante financiero de Londres queda en el limbo a expensas de lo que suceda en futuras negociaciones, pero parece que se aleja del viejo continente.

Resolución de conflictos

El texto habla de la creación de un «comité conjunto» que tendría en cuenta al Tribunal de Justicia Europeo. No estar bajo la supervisión de órganos europeos ha sido otra de esas líneas rojas que May ha tenido que cruzar. Incluso, el Ejecutivo ha pedido permanecer en diversas agencias o programas comunitarios como la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la Agencia Europea del Medicamento, Europol, Eurojust y el programa de intercambio Erasmus, entre otras. Para continuar en ellas, Reino Unido deberá seguir abonando su parte como cualquier otro país miembro.

Inmigración

Aunque recupera el control de sus fronteras y se necesitará permiso para poder trabajar en Gran Bretaña, el Gobierno se compromete a permitir que los ciudadanos accedan sin visado en vacaciones, viajes de negocios y para estudiar. Además, el Ejecutivo también quiere seguir permaneciendo en el plan de salud de la UE y establecer disposiciones específicas de seguridad social para asegurarse de que los británicos que vivan y se jubilen en cualquier país miembro puedan beneficiarse de los derechos de pensión y atención médica.