La Faffe, el caso que mantiene contra las cuerdas al Gobierno de Susana Díaz
El escándalo del pago con una tarjeta opaca en un burdel reactiva la octava causa del caso formación, que sigue abierto a pesar de las trabas de la Junta
El escándalo del pago con una tarjeta opaca en un burdel reactiva la octava causa del caso formación, que sigue abierto a pesar de las trabas que ha puesto la Junta de Andalucía.
De la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) se ha dicho que funcionó como «una agencia de colocación para el PSOE andaluz», como señaló en un atestado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil después de analizar los registros de personal de este ente de la «administración paralela de la Junta de Andalucía» que llegó a tener a 1.870 trabajadores en nómina. O que era «un pozo sin fondo de ayudas públicas», como lo demuestra que desde su creación, en enero de 2003, hasta que fue liquidada en mayo de 2011 recibiera más de 252 millones en subvenciones entre ayudas excepcionales para cursos de formación, programas de inserción laboral y encomiendas de gestión de la Consejería de Empleo, de la que dependía (y nunca mejor dicho). Tal era el caudal de dinero que se traspasaba desde la Consejería a la Faffe, – «el que no podía gastar»–, que diez días antes de ser liquidada se le concedieron 16 millones de euros. La Cámara de Cuentas ya alertó de que se había perdido el rastro a más de 50 millones de euros entregados a la Fundación pero no justificados.
Con el loable propósito de «impulsar y dinamizar el tejido productivo andaluz», la Faffe, fue creada durante el mandato de José Antonio Viera como consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el 28 de enero de 2003. Casi ocho años después, en plena efervescencia por el escándalo de los ERE –caso por el que Viera está siendo juzgado–, el «decretazo» con el que la Junta remodeló el sector público andaluz liquidó la fundación y otorgó a sus entonces 1.291 trabajadores rango de empleados públicos del Servicio Andaluz de Empleo, donde posteriormente, según denuncias sindicales, han venido realizando tareas propias de funcionarios. Para entrar en la Faffe sólo necesitaron superar una entrevista.
Las investigaciones judiciales han puesto de manifiesto que Faffe contrató a sagas familiares de cargos socialistas. La relación de cargos del partido y familiares es muy extensa y la investigación sigue abierta. Un dato bastante elocuente es que la mujer, un hermano, su cuñado y un sobrino del propio ex director general de Faffe Fernando Villén, trabajaran en la fundación.
Villén está ahora implicado en el escándalo del uso de una tarjeta de cré-
dito en un club de alterne. Él reconoció en una entrevista a ABC que usó por «error» la tarjeta en Don Ángelo, pero su versión no es lo que refleja el extracto de 15 cargos en una misma noche por un total de 14.737 euros. La factura se pagó en efectivo un día después por alguien en el local donde se solicitó la devolución de los cargos a la tarjeta, pero el rastro bancario ya está en poder del juzgado.
Ahora, el uso de esa tarjeta abre nuevos interrogantes, el de los participantes en la juerga del prostíbulo el día que Griñán remodeló su gobierno solo es el primero, porque tras negar la Junta la existencia de las tarjetas se abren muchas dudas sobre la posibilidad de que sea una práctica habitual –también hay constancia de distintas cajas de caudales– en otros organismos de la administración paralela.
La preocupación en el Gobierno andaluz es muy alta. El silencio sobre el escándalo que esta semana ha guardado la presidenta Susana Díaz es bastante elocuente. Los fallos de comunicación tras denunciar los hechos el PP y ocultarlo la Junta en el Parlamento evidencian que el caso Faffe no es un asunto del pasado sino una pesada herencia que tendrá ahora un coste político. Sea el enchufismo, sea el riesgo a que aparezcan más tarjetas opacas en entes todavía en activo, el Gobierno andaluz está nervioso y pone trabas a una investigación que lleva años abierta.
Prueba de ello es que la juez María Nuñez procuró sin éxito en 2016 –la Audiencia lo enmendó– archivar de forma provisional el caso alegando que la Dirección General de Formación no remitía los datos requeridos al Juzgado. Se ha llevado años esperando. La Guardia Civil insiste en la necesidad de seguir investigando. Hasta el pasado 1 de junio no llegaron al juzgado los extractos de la tarjeta «opaca»... y faltan datos sobre otra tarjeta vinculada a la fundación... Todo indica que en este caso no será tan fácil archivar la causa, mientras la oposición reclama una comisión de investigación en el Parlamento. En definitiva, la Faffe demuestra que el caso Formación no está cerrado como desde hace mucho quiere hacer creer el Gobierno de Susana Díaz.