Vuelta a la rebelión
La confirmación de la intolerable bofetada de los jueces alemanes al Tribunal Supremo español, al espacio de confianza europeo llamado euroorden y, sobre todo, al sentido común de la democracia liberal ha tenido el resultado previsto. Tras los arrumacos del Gobierno Sánchez al ultra Torra, ahora toca ponerse de perfil dando por buena una decisión judicial que se carga una institución europea basada en el respeto de la jurisdicción particular de cada juzgado de la Unión. Es como si un juez de Alemania pide la extradición de un narcotraficante a España y aquí le responden que la cantidad del alijo confiscado no tiene el tamaño suficiente para ser considerado como tal en España a diferencia de Alemania. Salvo en el caso de la rebelión de Puigdemont, con la euroorden no se entra al fondo de la cuestión. Te fías del Supremo español y a otro caso en alemán. De eso se trataba.
Nunca antes se había jaleado tanto a un acusado de malversación de caudales públicos como está ocurriendo con Puigdemont. Traducido al lenguaje de la calle, sin necesidad de informe de la RAE a petición de la vicepresidenta Calvo, malversar es robar el dinero de los impuestos. El tribunal alemán ha traído el aplauso callejero y político por la malversación y el envalentonamiento por la rebelión gracias a su decisión y a su desprecio a la separación de poderes en España.
La manifestación de ayer es una prueba más del regreso de los golpistas de octubre a sus posiciones irredentas. El fugado Puigdemont les pidió «llenar las calles» a sabiendas de la nueva retirada del Estado. Una vez destrozado el bloque constitucional con la llegada de Sánchez a Moncloa con el apoyo de los tipos, y tipas también, del lazo amarillo en la solapa, entre los independentistas y sus objetivos solo quedan los jueces y los fiscales del Tribunal Supremo. El Estado es el juzgado de Llarena, pero cuando acabe su trabajo y tras el juicio vendrán el trato de favor en las prisiones y tal vez el indulto. Por supuesto, siempre y cuando haya condena porque todavía la mano de la política no llega ahí. Pero está quedando claro que si por alguno fuera no habría ni juicio. Borrón y golpe nuevo.
La equiparación equidistante que está haciendo el Gobierno y el sector soberanista del PSOE de Ciudadanos con los comités revolucionarios llamados CDR, ofende a la legalidad constitucional e incluso a la inteligencia. La Moncloa tiene un precio. Con solo 84 diputados hay que pagar la factura día a día. La decisión de los jueces alemanes abona ese terreno y el apaciguamiento. Dicha doctrina política no calmó a un paisano de sus señorías alemanas que, en la década de los 30 del siglo pasado, se cargó la democracia liberal sin que ningún juzgado pudiera hacer nada por evitarlo. De hecho, cuando el asalto al poder es completo lo primero que desaparece tras la libertad es la justicia.