No es cuestión de quedarse en los detalles, sino de contemplar el conjunto de hechos que debe examinarse
El bosque y los árboles
SI a propósito de la tala de árboles decretada por el Ayuntamiento de Sevilla nos quedáramos dando vueltas sobre la idoneidad de esa «solución final» sin contemplar en perspectiva la nefasta gestión del arbolado que se ha venido haciendo desde tiempos inmemoriales en la ciudad de Sevilla, estaríamos incumpliendo el deber periodístico de tratar de explicar los hechos sin enredarnos más de la cuenta en los detalles. El hecho innegable es que, por las causas que sean, tenemos un número ciertamente impresionante de árboles diagnosticados como peligrosos en los expedientes municipales y esas firmas de funcionarios al pie de los documentos oficiales queman si se produjera –Dios no lo quiera– un incidente mortal. Quizá la caída de la rama en el Alcázar en junio pasado marca el punto de inflexión en la política municipal. Pero ni los árboles ni los tocones nos pueden ocultar el bosque.
Algo de esto ha pasado también con la declaración como testigo en el juicio de los ERE del portavoz municipal de Ciudadanos, Javier Millán. También en este caso los árboles pueden hacer que no contemplemos el bosque entero. Y el bosque, tomado en su conjunto, es el que es: la Administración pública comportándose con arbitrariedad y desprecio por los procedimientos reglados para favorecer a unos empresarios concretos sobre el resto de sus competidores sin mayor derecho. Y esto rige para laboratorios fotográficos, restaurantes o periódicos.
El sistema perverso de los ERE puesto en marcha por la Junta de Andalucía primaba así a unas empresas por encima de otras por la única razón objetiva de su grado de conocimiento o cercanía con el director general de Trabajo que aprobaba las ayudas. Todo lo demás son árboles, hojas secas y ramones de todos los tamaños que los jueces tendrán que dilucidar en su momento, pero que no pueden ocultar la visión de conjunto de que los gobiernos de Chaves y Griñán irrumpieron de manera grosera en la concurrencia de empresas que encontraron en la Administración autonómica una aliada o un muro a la hora de aplicar políticas de regulación de empleo, según la consideración discrecional de quienes manejaban dinero de todos.
Eso, que en cualquier sector económico supone un escándalo mayúsculo por cuanto supone de intervencionismo y descarado favoritismo de la supuestamente neutral Administración en favor de un competidor en el mercado, en el caso de la Prensa resulta sencillamente bochornoso.
La airada reacción de las cabeceras periodísticas del grupo Joly tras lo publicado por este periódico el miércoles y jueves pasados se explica a la perfección por la delicada posición en que queda un grupo editorial respecto de la Administración pública que tan generosamente sufragó un plan de despidos apalabrado por el director general encausado incluso antes de que se presentara formalmente la solicitud. Eso es lo que, de verdad, compromete a sus editores: que alguien pueda interpretar que su línea editorial no es independiente de la Junta que tan pródigamente lo ayudó para reducir los costes laborales sin cargarlo a la cuenta de resultados. Fácil de entender si se mira el bosque y no los árboles.
No se estrujen las meninges tratando de hacer segundas lecturas de este artículo. No tengo más ambición que cumplir con mi obligación profesional y exponer humildemente las opiniones que creo que pueden ayudar a los lectores. Si se publica es porque, lógicamente, lo ha aprobado el director, pero no tiene que instigar ni promover nada. Ya somos mayorcitos.
Sólo que el cinismo no puede ser la única forma de conducirse en los negocios. Y menos, en el de la Prensa.