EL FAROLERO
Se ha demostrado de forma fehaciente que Fiscal desconoce lo que significa el término «seguridad jurídica»
SUCEDIÓ hace un año. En el entorno inmediato de Doñana se habían calcinado 8.500 hectáreas, y en una parte no pequeña, la culpa era de la ineficacia de la Junta de Andalucía. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, no había convocado las ayudas para limpiar el monte y evitar la propagación de incendios desde que llegó al cargo en 2015, tal como denunció Asaja reiteradamente (antes y después de la catástrofe). Así que había que sacarse un «as» de la manga para aparentar que a la Junta le importaba algo Doñana. Haciendo vistosos aspavientos con el flequillo, y enarbolando cuatro papeles sacados de la página web de Greenpeace, Fiscal anunció con toda solemnidad –jaleado en twitter por Susana Díaz– que iría a los tribunales para tumbar el proyecto Gas Natural en las afueras de Doñana si el Ministro de Industria no lo hacía «motu proprio». Era tan burdo que daba pena. Esta compañía ya estaba utilizando una parte de los antiguos yacimientos de la zona para almacenar gas desde hacía años, y todo ello gracias a los permisos concedidos por la propia Administración andaluza tras un largo y minucioso proceso burocrático.
En estas páginas avisamos de que el presunto informe de Fiscal era una chapuza y sus pretensiones irrealizables. También sacamos a la luz los reveses judiciales que ya había sufrido la Junta en el Supremo por la errática actitud de la Consejería de Medio Ambiente con el proyecto de Gas Natural. Y la realidad es que el Ministerio de Industria, tras los airados movimientos del flequillo de Fiscal, no tomó ninguna medida contra el proyecto de Gas Natural. Así que ahora toca hacerse la siguiente pregunta: ¿A qué instancia judicial ha ido Fiscal a poner esa supuesta denuncia en estos doce meses? ¿A qué juez le ha entregado su informe «fake»? ¿Mantiene esa misma amenaza ahora que en la Moncloa ya no está Rajoy?
Todo era un bochornosa maniobra de farolero. Los ecologistas ya han acusado a Fiscal de mantener un «doble juego» (no hace lo que dice). Hasta el momento la actitud del mundo empresarial con Susana Díaz ha sido de guante blanco, ya que —en teoría— tiene cierta sensibilidad hacia el sector privado y sus necesidades. Pero la desfachatez y la incompetencia de José Fiscal no la pueden pasar por alto ni la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ni ninguna de las organizaciones y empresas que apoyaron el Pacto por la Industria (entre ellas los sindicatos). Por esta y otras tropelías, lo único sensato para la patronal es pedir su dimisión o, como mínimo, exigir una explicación pública.