España afronta una multa por no adaptar la ley hipotecaria
España se arriesga a una multa millonaria por el retraso de dos años y medio en la transposición de la directiva hipotecaria europea a la legislación nacional. La nueva ley de crédito inmobiliario, que se debía haber aprobado en marzo de 2016, se encuentra atascada en el Congreso de los Diputados.
La Comisión Europea ya inició un procedimiento de sanción contra el Estado que puede derivar en una multa de 105.991,6 euros por cada día de retraso en la adopción de la nueva normativa, de forma que la sanción superaría ya los 95 millones de euros.
Debido al parón político vivido entre 2015 y 2016 por la dificultad de formar Gobierno y la repetición de las elecciones, el Gobierno del PP no hizo su propuesta legislativa hasta finales de 2017. La fragmentación política y la moción de censura contra Mariano Rajoy hicieron luego que la norma quedase sin aprobar antes de verano.
Aunque el Ejecutivo socialista ya ha remitido a los grupos parlamentarios su nuevo texto normativo, PP, Unidos Podemos y Ciudadanos rechazaron la semana pasada que se tramite por vía de urgencia, como pretende el Gobierno, alegando básicamente que se trata de una ley muy compleja.
gados, pura y simplemente, a dejar sin aplicación las cláusulas consideradas abusivas», zanja el magistrado, que añade el vencimiento anticipado de todo el crédito a raíz del impago de una sola cuota del préstamo no se ajusta al Derecho de la UE ya que «no constituye un incumplimiento suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo».
Ejecuciones pendientes
Lo que finalmente diga el Tribunal de Luxemburgo sobre cómo aplicar la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado abusivas no es baladí: según las asociaciones de consumidores hay miles de ejecuciones paralizadas a la espera de ese pronunciamiento de la UE. El año pasado, según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), había 27.171 ejecuciones hipotecarias iniciadas.
Hasta la citada reforma de 2013 con que el Ejecutivo popular, por presión judicial, elevó a tres el número de meses de impagos a partir de los cuales se puede poner en marcha la ejecución, bastaba un solo impago para que el banco reclamase la deuda pendiente. La reforma de la ley hipotecaria, atascada ahora en el Congreso de los Diputados, pretende elevar aún más ese requisito, fijándolo en nueve cuotas o el 2% de la deuda pendiente en la primera mitad del crédito, y doce cuotas o el 4% del capital en la segunda mitad de vida de la hipoteca.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), sin embargo, pedía ayer elevar ese umbral al 10% del valor del préstamo para los impagos que se produzcan en la primera parte de la duración préstamo, y al 12% los posteriores, e instaba al Parlamento a aprobar ya una ley de transparencia en la contratación masiva.