Un «Banco Público» para inyectar 1.200 millones en empresas
La Junta ultima las reglas de un súper fondo con dinero europeo y hay voces que alertan de que tendrá excesiva burocracia
A Junta de Andalucía está ultimado con sigilo la puesta en marcha de un «megafondo» dotado con casi 1.200 millones de euros —la mayoría procedente del programa europeo Feder 20142020— que unifica y racionaliza la gestión de las ayudas comunitarias y de las partidas del Presupuesto regional destinadas al apoyo financiero para las empresas andaluzas.
El primer paso para la forja de esta especie de «Banco Público» se dio a finales de marzo, cuando el Ejecutivo de Susana Díaz ya aprobó la creación del denominado «Fondo Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico», que unifica las ayudas financieras europeas que ahora están repartidas de forma muy dispersa en las distintas consejerías.
El decreto-ley de marzo anunciaba cómo sería la configuración institucional de este banco público andaluz, que estará directamente fiscalizado por la Consejería de Hacienda y liderado por la Agencia Idea. La gestión se encomienda a un «Consejo de Inversión», presidido por el viceconsejero de Hacienda (en este momento es Antonio Valverde) y dirigido por el director de la Agencia Idea (Julio Coca), que estará acompañado por ocho vocales (directores generales de las distintas consejerías).
Sin embargo, aún está pendiente de recibir luz verde el paso más relevante para el éxito real de este fondo: la orden que regulará los procedimientos, las condiciones de concesión, la aplicación de garantías y la gestión de los ingresos derivados de la actividad del fondo (dado que sus ayudas son reembolsables). Se trata pues de la decisiva letra pequeña, que es la que determinará el éxito final de este nuevo instrumento.
Antes de verano la Junta de Andalucía puso en circulación el borrador con la orden que regula este futuro banco público y, tras escudriñar su contenido, han saltado algunas alarmas entre los actores del sector privado que cooperan en la gestión de estos fondos, pues consideran que es un
Lreglamento demasiado inflexible cuya aplicación real podría ser compleja. «Quieren tratar la concesión de un crédito reembolsable con la misma filosofía y los mismos controles administrativos de una subvención a fondo perdido», indica una de estas fuentes a ABC. La consecuencia es que «estos créditos públicos» pierden la agilidad propia de los mercados financieros, dificultando que haya entidades privadas que puedan cooperar con el fondo, ya que «se establecen trabas burocráticas que dilatan el proceso de concesión y disuaden a las empresas del uso de este tipo instrumentos».
En los distintos fondos que han antecedido a la creación de esta nueva entidad, esto no ocurría así y la gestión de los créditos ha sido ágil. Este tipo de instrumentos públicos de ayuda financiera están promovidos por la propia Comisión Europea, que considera que deben implantarse en aquellas áreas en las que exista una «disfunción en el mercado de capital» y, por lo tanto, es necesaria la intervención pública para animar al sector privado (se establecen así fórmulas de coinversión pública-privada).
«Estas carencias en el mercado financiero afectan especialmente a empresas en una fase muy temprana de crecimiento y a compañías tecnológicas que requieren un largo periodo de maduración antes de llegar al mercado», subrayan. En estos casos las ayudas públicas deberían participar en igualdad de condiciones junto con inversores privados. Otro de los principios que promueve la Comisión Europea es el de la delegación de estos fondos en intermediarios financieros muy profesionalizados, que gestionan y aprueban las operaciones de acuerdo a las normas y los tiempos del mercado.
Plazos
En marzo se publicó el decreto que pone en marcha este fondo y ahora se está ultimando la norma que lo regula. En teoría, a finales de año debe estar activo
Objetivo
Este instrumento otorga créditos blandos a compañías que participan en sectores estratégicos para la comunidad autónoma
Trabas
Las fuentes consultadas por ABC remarcan que la orden que regula el futuro megafondo andaluz «establece
un férreo control administrativo, pero se aleja de estos principios pues ignora la realidad del mercado financiero y eleva la complejidad de la gestión para todos los que intervienen en el proceso». No piden que haya menos controles ni una regulación más laxa, pero sí que funcionen con procedimientos y tiempos de respuesta similares al de una entidad financiera.
El borrador de la orden que prepara la Junta de Andalucía subraya en diversas ocasiones que el «megafondo» se regirá por el principio de prudencia financiera, tratando de alejar el fantasma de otras inciativas que tuvieron un elevado número de fracasos (como fue Invercaria). «Es un enfoque lógico desde el punto de vista de la Administración Pública, pero la posibilidad de refinanciación de operaciones, por ejemplo, está muy encorsetada, no se adapta a la realidad», inciden las fuentes.
El apartado que regula la relación con las entidades financieras, que pueden realizar una gestión delegada de estos fondos, debe ser revisada ya que «no se permite que las entidades colaboradoras puedan aprobar las operaciones con estos fondos, con lo cual resta atractivo y fluidez a la colaboración público-privada».