Córdoba acudirá al Constitucional para arrebatar la Mezquita a la Iglesia
∑El documento encargado por el Ayuntamiento de Córdoba (PSOE e IU) a expertos afines afirma que la institución eclesiástica no tiene títulos válidos
La Mezquita-Catedral de Córdoba no pertenece a la Iglesia porque la institución religiosa la inscribió a su nombre en 2006 sin ningún título válido que acreditara su propiedad. Esa es la principal conclusión del informe de un comité de expertos nombrado por el Ayuntamiento de Córdoba para poner en duda la titularidad del templo. El comité se nombró en junio del año pasado y lo preside el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza. Pero en sus inicios formó parte de él la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, hasta su incorporación al gabinete de Pedro Sánchez.
«El análisis histórico, realizado por esta comisión, demuestra que la Iglesia Católica no tiene ni puede tener título de propiedad alguno sobre la Mezquita-Catedral. A pesar de ello, el Obispado de Córdoba inmatriculó a su nombre la “Santa Iglesia Catedral” de Córdoba en febrero de 2006 merced a una modificación realizada en septiembre de 1998 en la Ley Hipotecaria, por la que se recuperaba la consideración de fedatarios públicos que los obispos habían tenido en la ley hipotecaria franquista», sostiene el documento, presentado ayer en el Consistorio cordobés por su alcaldesa, la socialista Isabel Ambrosio, y Mayor Zaragoza. A juicio de los redactores del informe, el Cabildo catedralicio no posee títulos de propiedad y por ello creen que «el Ayuntamiento tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio, considerando además que se han lesionado los intereses generales de la ciudadanía cordobesa».
Mayor Zaragoza y la regidora cordobesa insistieron ayer en que el objetivo a toda costa es «revertir» la situación actual de la propiedad del edificio religioso, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984. ¿Cómo lo intentarán? Por las dos vías que propone el informe de los expertos, que el Ayuntamiento hace público tras meses de secretismo y con un retraso de más de medio año sobre la fecha prevista cuando lo encargó. La primera opción que fija el texto es «recabar los apoyos parlamentarios necesarios» para acudir al Tribunal Constitucional para plantear un recurso de inconstitucionalidad y «anular la inscripción de la Santa Iglesia Catedral a nombre de la Iglesia y defender la propiedad pública de la Mezquita-Catedral». Esta idea se da de bruces con tres informes previos que acreditan la legalidad con la que se produjo la inmatriculación del inmueble en 2006. El primero lo emitió Patrimonio
del Estado el 11 de abril de 2014 en respuesta a un ciudadano que interpuso una denuncia con el argumento de que la Iglesia estaba «usurpando» la Mezquita-Catedral: «El inmueble en cuestión ha tenido un único titular catastral: el Obispado de Córdoba», defendía el documento.
Más lejos va el segundo informe que merma las posibilidades de que prospere la reclamación ante el Constitucional: lo firma la Abogacía del Estado y asegura que «la condición de bien de Patrimonio Histórico no es óbice para que pueda ser un bien de propiedad privada, en este caso de la Iglesia Católica». La puntilla la da la asesoría jurídica del Estado, que en otro informe recuerda que «no existió pronunciamiento del Tribunal Constitucional» acerca de la Ley Hipotecaria vigente en 2006 que permitía a los obispos ejercer de fedatario público y registrar bienes de la Iglesia. Cierto es que en 2014, y ya con Rajoy como presidente del Gobierno, se produjo una reforma legislativa que quitaba la citada prerrogativa a los prelados, pero no con carácter retroactivo. Aún así, las conclusiones del comité de expertos reclutados por el Ayuntamiento de Córdoba sigue erre que erre: «La Iglesia no es propietaria del conjunto de la Mezquita-Catedral ni tiene título válido de propiedad, por lo que la inmatriculación a su nombre no debió producirse y no tiene validez jurídica».
Un plan «b»
La comisión presidida por Mayor Zaragoza tiene un plan b en el caso de que el Tribunal Constitucional no sea favorable a sus intereses. «Entonces, el Ayuntamiento podría intentar hacer uso de los tribunales ordinarios, en un procedimiento más complejo dado que la institución municipal no debe reclamar la propiedad del bien ya que, al igual que ocurre con la Iglesia, tampoco tiene posibilidades de demostrar dicha propiedad». La meta es que el templo sea público y que su gestión se organice a través de un patronato en el que estén representadas las administraciones y cuyo liderazgo corresponda a la Junta de Andalucía. La propia alcaldesa no aclaró si el Consistorio acudirá a los tribunales. «Hoy es un día para estudiar el informe de la comisión, no para tomar decisiones», se excusó, sabedora de que el recorrido de una acción legal que parta de la institución municipal tiene un futuro más que incierto. Un pronunciamiento oficial de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Córdoba es claro en este sentido: la corporación no puede reclamar que la Mezquita-Catedral sea pública ante el juez porque, simplemente, nunca ha sido su propietario. Además, el Consistorio cordobés incurriría en otra contradicción: el pasado agosto prorrogó un convenio con el Cabildo catedralicio para la organización de las visitas nocturnas en el templo diocesano, y en ese texto que firmó la regidora venía escrito que el titular del inmueble es la institución eclesiástica.
La donación de Fernando III
Pero la comisión, de la que formó parte Carmen Calvo hasta que la fichó Pedro Sánchez para su Gobierno, niega la mayor. En una extensa exposición histórica del edificio se empeña en demostrar que su carácter público ha estado siempre por encima del uso religioso, al que no tendría que renunciar aunque la Iglesia dejase de ser dueña.
El documento se retrotrae a los orígenes de la Catedral: «Hay numerosos indicios que nos llevan a pensar que no se produjo donación de propiedad por parte de Fernando III (...) existiendo además pruebas históricas claras fechadas entre los siglos XIII y XVIII de que al menos parte del conjunto fue de la Corona».