La Junta tiene una fundación con un solo trabajador y un directivo
Justicia justifica la existencia del ente y atribuye a los recortes la escasez de personal
Objetivos El ente público promueve la resolución extrajudicial de conflictos y tiene un patronato y una comisión
Un único empleado y una directiva al mando con rango de alto cargo. A estos efectivos se reduce desde su creación la plantilla de la Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía (Mediara), un ente público con personalidad jurídica propia constituido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 3 de noviembre de 2009. Los estatutos le asignan la misión de difundir la Justicia «entre los andaluces y andaluzas» y «la promoción de la mediación y el arbitraje como formas de resolución de conflictos complementarias a la jurisdiccional y la realización de actividades que posibiliten un marco institucional en el que se realice la mediación y el arbitraje privados en la comunidad autónoma de Andalucía».
Dada la escasez de personal asalariado, que se limita a un técnico adjunto a la gerencia, casi todos los trabajos de esta entidad sin ánimo de lucro son adjudicados bajo la figura legal del contrato menor. Este instrumento permite encargar servicios y suministros directamente, sin necesidad de solicitar ofertas ni mediar ningún concurso. La nueva Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado marzo restringe el uso de esta fórmula de contratación directa al encargo de servicios que no superen los 15.000 euros.
Todo lo contrata fuera
La fundación Mediara lo externaliza todo a través de contratos que se repiten de forma cíclica. Se recurre a personal ajeno a la administración para contratar asesoramiento laboral, para la gestión de la contabilidad o para el pago de impuestos. También contrata la supervisión de las campañas de divulgación, uno de los fines previstos en los estatutos, y las llamadas «guías de recursos de mediación». Un nombre se repite en la mayoría de contratos de redacción de las guías, informes y memorias de actividades: Rosario Aguilera Santos, mediadora que recibe encargos específicos durante uno, dos y hasta cuatro meses.
Desde la Consejería de Justicia e Interior, a la que está adscrito este ente público, justifican la existencia de un solo trabajador por los recortes de los últimos años y las restricciones para contraer gastos que impuso la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy durante 2012.
Para la facilitar la resolución extrajudicial de conflictos menores, suscribe acuerdos de colaboración con asociaciones profesionales, con el objetivo de aliviar la sobrecarga de casos que llegan a los juzgados civiles, mercantiles y laborales.
Este organismo público se sostiene con las subvenciones que anualmente le inyecta la Consejería que dirige Rosa Aguilar y aumentó su dotación en 50.000 euros en 2018. Los presupuestos consignan una partida de 201.500 euros para el funcionamiento de la fundación.
El 58 por ciento del dinero se dedica al capítulo de personal. A los 42.77,28 euros que cobra único asalariado del organismo, según el último catálogo de puestos de trabajo actualizado en diciembre de 2017, se suman los 47.855,96 euros que cobra la alto cargo Pilar Catalayud Pérez por dirigir esta fundación con tan sólo un subordinado a su cargo.
Puntos de información
El resto del presupuesto se dedica a campañas de difusión, la realización de actividades formativas a jueces y fiscales y el funcionamiento de los puntos de información que promueven la mediación, un procedimiento voluntario y contemplado en la legislación española para resolver conflictos sin necesidad de llegar a juicio. Actualmente cuenta con doce espacios habilitados en los juzgados que son atendidos por profesionales de 80 colegios profesionales y colectivos especializados.
Como entidad pública que es con personalidad jurídica propia, cuenta con un patronato que preside la propia consejera, con nueve representantes de la Administración y siete patronos procedentes de organizaciones como la Confederación de Empresarios de Andalucía, la Asociación de Universidades Públicas y colegios profesionales de economistas, abogados, psicólogos y cámaras de comercio. Su desempeño es gratuito, aunque el órgano de gobierno se reserva la posibilidad de contratar servicios retribuidos con los patronos.
Aparte del patronato, como todo organismo público que se precie, la fundación Mediara cuenta con otros órganos para desarrollar sus funciones: una comisión permanente que actúa por delegación del patronato se encarga de «la coordinación, impulso y ejecución» de sus actividades, y la dirección gerencia, cuyo primer cometido es «dirigir al personal de la fundación, dictando para ello las instrucciones precisas» a la única persona que tiene a su cargo, según especifican los estatutos de este ente que, pese a su reducida estructura, tiene un patrimonio neto valorado en 1,77 millones de euros, según los presupuestos de la Junta de 2018.