El líder del PSOE de Huelva, a juicio por el soborno en Aljaraque
Un jurado juzgará a Ignacio Caraballo y a otros cuatro acusados por delitos de cohecho y tráfico de influencias
Avance en la causa abierta en Huelva por la presunta compra de voluntades de dos concejales que Sí se Puede Aljaraque para que dieran marcha atrás en la moción de censura que habían firmado con el PP en diciembre de 2016 y mantener así el gobierno de PSOE e IU en el municipio. El Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, en el que recayó el caso, ha cerrado la investigación y ha iniciado así el trámite para que el procedimiento del presunto soborno quede en manos de un tribunal del jurado.
El caso estalló hace más de año y medio, cuando un asesor de Sí Se puede Aljaraque acudió a la vía judicial para denunciar que los ediles de la formación morada, Pedro Escalante y Francisco Martín, que firmaron con el PP una moción de censura para desbancar al PSOE de la Alcaldía, frenaron en seco la moción tras alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista e IU. En las negociaciones, según la denuncia, un representante de CC.OO., José Luis Rodríguez, ofreció presuntamente a Martín un puesto de trabajo para su mujer en la empresa de Aguas de Huelva, mientras que su compañero entró en el gobierno del municipio al frente de una concejalía.
«Resulta verosímil la investigación que de los hechos se hace a los investigados», afirma la instructora, María José Fernández Maqueda, en el auto en el que acuerda seguir el procedimiento por el tribunal del jurado, competente para juzgar los delitos de cohecho y tráfico de influencias, que son inicialmente los que se atribuyen a los cinco investigados, pendientes de concretar en cada caso. Entre los investigados está el presidente de la Diputación de Huelva y secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo; los dos concejales de la formación morada, Pedro Escalante y Francisco Martín; José Luis Rodríguez, representante de CC.OO., y J.M.M.R. , director de Recursos Humanos de la empresa Aguas de Huelva. Los implicados en el presunto soborno han sido citados a comparecer este martes en el Palacio de Justicia de Huelva. Será una vista a puerta cerrada a la que los investigados acudirán acompañados de abogado y en la que se concretarán los supuestos delitos atribuidos en cada caso y las partes podrán pedir nuevas diligencias.
Firmada la moción de censura con el PP, se desarrollaron entre los implicados una serie de reuniones, una de ellas en la sede de la Diputación el 5 de enero de 2017, a la que siguió el encuentro en el Bar Bernardino, donde Escalante informó de las opciones de la negociación, que incluían una concejalía para uno de los ediles (fue para él) y un puesto de trabajo para la esposa de Martín en la empresa municipal Aguas de Huelva. En esta misma reunión, el sindicalista de CC.OO. indicó que «la mujer no debía saber nada y que las negociaciones se harían con aguas de Huelva, dando previamente su autorización Ignacio Caraballo», según consta en la denuncia que recoge el auto de la juez. Después de la reunión en el referido bar, los asistentes se trasladaron al Ayuntamiento de Aljaraque, donde se llegó a un acuerdo tras una reunión con la alcaldesa —señala la resolución judicial—, y posteriormente a la sede de la Diputación onubense, donde se firmó el acuerdo en presencia del presidente del organismo provincial.
Contrato de un familiar
El 17 de enero de 2017 se celebró otro encuentro investigado por el juzgado por su relación con la supuesta compra de voluntades. Se trata de una reunión en la sede de la empresa Aguas de Huelva en la que participaron el director jurídico y de Recursos Humanos de la firma, J.M.M.R., el quinto de los investigados, con el delegado de Adecco y una consultora de esta misma empresa, en la que se puso salió el nombre de la mujer del concejal de Podemos para un puesto de auxiliar administrativo. El 30 de ese mismo mes de enero se firmó el contrato (hasta fin de la obra y servicio) entre Adecco y la esposa de Martín, y, en paralelo en la misma fecha, el contrato de puesta a disposición de la trabajadora entre la empresa de trabajo temporal y Aguas de Huelva.
El denunciante del presunto soborno comenzó a grabar las conversaciones tras la reunión del bar Bernardino y las puso en manos del juzgado como prueba.