El CGPJ estudia si la vocal que no apoyó a Llarena incurre en incompatibilidad
La ministra de Justicia ha puesto a Concepción Sáez al frente de la Mutualidad Judicial
En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay dudas de que la vocal Concepción Sáez, propuesta por IU para formar parte del órgano de gobierno de los jueces hace ahora cuatro años, pueda continuar ejerciendo sus funciones tras su «fichaje» por parte del Ministerio de Justicia como gerente de la Mutualidad General Judicial, cargo del que tomó posesión el pasado 7 de septiembre. La Comisión Permanente aceptó en agosto su renuncia como miembro de esta Comisión Permanente, el mismo día en el que esta vocal suscribió un voto particular en contra del amparo al juez Pablo Llarena. Sáez rechazó entonces que España defendiera al magistrado en la demanda civil interpuesta por Puigdemont en Bélgica al considerar, al igual que el polémico comunicado de Justicia del 23 de agosto (rectificado después por Moncloa), que las declaraciones del instructor pertenecían a un ámbito privado ajeno a la función jurisdiccional.
Fuentes del CGPJ consideran que la incompatibilidad de la propia Sáez se extiende más allá de su permanencia en la Comisión Permanente, la única cuyos vocales tienen, por ley, dedicación exclusiva. Así, varios vocales sostienen que su nuevo nombramiento la inhabilita legalmente para continuar no solo en esa comisión, sino en cualquier otra del Consejo, como ella pretendía, hasta la renovación del órgano, prevista para final de año. Ante las dudas que suscita esta cuestión, el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, pidió hace unos días un informe al Gabinete Técnico para que analice esa posible incompatibilidad en base al artículo 580.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ese precepto señala que el ejercicio de la función de vocal del CGPJ «será incompatible con cualquier otro cargo público, electivo o no electivo, con la sola excepción en su caso del servicio en el cuerpo a que pertenezcan». En este caso, Sáez pertenece al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (antes secretarios judiciales), una circunstancia ajena a su nuevo cargo de gerente de la Mutualidad. Anteriormente fue asesora de la Gerencia, pero en ese caso, recuerdan las fuentes citadas, lo era en un puesto reservado a secretarios judiciales, con lo que las circunstancias no son las mismas.
Separación de poderes
Al margen de la cuestión estrictamente legal que está estudiando el Gabinete Técnico del Consejo, el hecho de que la vocal desempeñe su nueva función en un organismo público dependiente del Ministerio de Justicia es algo que no se ve con buenos ojos en el órgano de gobierno de los jueces desde la perspectiva de la separación de poderes. Fue la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado quien, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 11 de septiembre, quiso marcar distancias con el CGPJ precisamente con motivo del caso Llarena.
La causa de incompatibilidad de un vocal tiene que ser apreciada por tres quintos de los vocales que conforman el Pleno. No se trata de una cuestión discrecional, sino reglada. De ahí la importancia de un informe jurídico previo que, en cualquier caso, no es vinculante.