CONSUELO DE TONTOS
La estabilidad de la que presume Susana Díaz no ha existido en ninguna de las consejerías económicas de la Junta E
L vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, lo dijo en una reunión a puerta cerrada con un grupo de veinte destacados empresarios de la región: «Aportamos estabilidad a los inversores». A un paso de que el PSOE cumpla cuarenta años en el poder, añadió —con tono bienhumorado— una de las razones por las que el Ejecutivo andaluz es más que predecible: «Somos el segundo Gobierno más antiguo de Occidente… Después del de Baviera». Susana Díaz ha convocado elecciones para garantizar «la estabilidad de la que no goza el resto del país» y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha pedido que tras las elecciones haya negociaciones rápidas y ágiles para lograr cuanto antes la estabilidad y la certidumbre. En definitiva: en el país de los ciegos, como la Cataluña golpista y el Madrid podemita, la Andalucía tuerta del paro es la reina.
La estabilidad y la seguridad jurídica son el punto de partida para hacer política económica, pero no constituyen un fin en sí mismo. O dicho de otro modo: retratarse con rostro sonriente con todos los jefes del Ibex quizá transmita confianza, pero también hay que indagar minuciosamente qué medidas gubernamentales requieren estas mismas empresas para crecer realmente en Andalucía (cómo sí hacen los Gobiernos del País Vasco o Navarra). Partiendo de esta base, habría que formular, además, una pregunta: ¿Realmente Andalucía ha gozado de una balsámica estabilidad en los últimos cuatro años? Tras perder las primarias contra Pedro Sánchez, Díaz fulminó — en la mitad de la legislatura— al Consejero de Empresa, Empleo y Comercio (José Sánchez Maldonado) y a la consejera de Agricultura (Carmen Ortiz); y no buscó como sustitutos a los candidatos más adecuados por sus capacidades personales, sino en función de las cuotas provinciales del PSOE. La huida de María Jesús Montero y todo su equipo al Ejecutivo de Sánchez llevó a que Ramírez de Arellano (consejero de Economía y Conocimiento) tuviera que asumir las riendas de Hacienda, agregando a esta consejería algunas de sus competencias antiguas, pero dejando otras en una cartera de nueva creación condenada a durar muy pocos meses (la de Conocimiento, Investigación y Universidad). En la práctica, Susana Díaz ha fracturado en tres consejerías distintas las competencias sobre política empresarial (ni los funcionarios saben bien a qué atenerse).
En estos cuatro años hay instituciones claves para fomentar la inversión productiva que han sufrido un colapso total (como la Agencia de Obra Pública), y el único consejero que está seguro en su cargo es el ecologista José Fiscal, que anda afectado por un severo ataque de gases naturales desde que bajo su responsabilidad se quemaron 9.000 hectáreas en el entorno de Doñana (donde no había convocado las ayudas para limpiar la maleza de la zona desde hacía años). La Junta ha tratado de compensar esta parálisis ejecutiva con un aluvión de leyes absurdas que solo suman más confusión y burocracia a la actividad diaria de las empresa.
Con este panorama, es lógico que el gran balance económico que presenta Susana Díaz sea repetir que si dependiéramos de Podemos —como en Valencia o Aragón— viviríamos peor, pues solo a eso se refiere realmente cuando habla de estabilidad y certidumbre. Ese mal de muchos es nuestro particular consuelo de
tontos.