«Es un despropósito, esta orden pone en riesgo nuestra seguridad»
Sindicatos de Policía y Guardia Civil denuncian los riesgos que conlleva desmontar la Ley de Seguridad Ciudadana
Por la espalda Tanto los policías como los guardias civiles denuncian que Interior no les haya consultado esta medida
Detrás de cada agente de la Policía o la Guardia Civil hay una persona que cumple con su trabajo y que al terminar su jornada laboral se quita el uniforme y vuelve a casa con su familia. Por eso en los Cuerpos de Seguridad nadie entiende por qué el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, desprotege la esfera privada de estos trabajadores públicos. El principal punto de fricción es la nueva instrucción de Interior, que interpreta la Ley de Seguridad Ciudadana mediante una circular que despenaliza la toma de imágenes de agentes de los Cuerpos de Seguridad mientras trabajan siempre y cuando no haya un uso posterior «irregular» de dicho material.
«La integridad física de cada agente o de su familia puede ponerse en riesgo si nos fotografían cuando estamos de servicio», explica Ramón Cossío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), una de los cuatro sindicatos mayoritarios, junto a la Confederación Española de Policía (CEP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), que se unieron para denunciar, en unidad de acción, la maniobra de Interior.
«Es un despropósito», culmina Cossío, en la misma línea que se manifiesta el secretario de comunicación de la UFP, Serafín Giraldo, quien especifica por qué no se puede permitir que se tomen fotografías de los agentes mientras desarrollan su labor. «Si nos fotografían y se identifica personalmente al policía se pone en riesgo nuestra seguridad», subraya Giraldo, quien marca la diferencia entre identificar personalmente y profesionalmente a los agentes: «Entiendo que se identifique el número profesional de cada agente, pero no se puede permitir que nos fotografíen la cara u otros aspectos que puedan permitir que se identifique al agente que está trabajando». Además, el secretario general de CEP, Antonio Labrado, pone en contexto esta polémica decisión para comprender mejor sus quejas: «Ya hemos sido objeto de alguna campaña en redes sociales y por eso es llamativo que desactiven este importante artículo».
El malestar, sin embargo, no es exclusivo entre los agentes de la Policía y ayer por la tarde, los principales sindicatos de la Guardia Civil también expresaron su descontento ante la nueva circular con la que Interior interpreta la Ley de Seguridad Ciudadana. «Consideramos que estando en alerta 4 antiterrorista, la Secretaría de Estado de Seguridad debería tener muy presente este hecho para velar por la propia seguridad de los componentes de esta Institución», suscribieron en un comunicado los siete sindicatos principales del Instituto Armado, que también lanzaron una pregunta al Gobierno: «¿Qué significa realmente un uso irregular para que se ponga en peligro la seguridad personal de los agentes o de sus familias? Porque el simple hecho de tomar una instantánea ya supone que una persona tiene en su poder una imagen del agente o de sus familias; imagen que con la tecnología actual puede hacerse viral en redes sociales o internet en cuestión de minutos».
En este sentido, Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), manifiesta al ser preguntado por ABC que les desagrada «la desprotección de los agentes en sus funciones, especialmente la indefinición de estos cambios normativos que se pretenden impulsar».
Interferencia profesional
Las implicaciones de esta nueva circular tienen una doble vertiente. Además de afectar a la vida personal de los agentes, esta nueva interpretación puede dar al traste con investigaciones policiales y así lo ejemplifica Cossío. «Si por ejemplo voy a hacer un registro en un entorno delincuencia yihadista y alguien me graba, no puedo ir al día siguiente a hacer una vigilancia. Si me identifican, la investigación se va al traste y mi integridad física o la de mi familia también puede estar en riesgo», expone Cossío, quien insiste en que los policías necesitan un marco normativo que les proteja «al salir del trabajo».
Al margen de estas reclamaciones, extraña también en Policía y Guardia Civil que nadie del Gobierno o el Ministerio haya contactado con ellos para abordar estos cambio, más aún cuando en el Congreso está en marcha una comisión para estudiar su modificación. Ahí, en cambio, sí se pulsará la opinión de los sindicatos mayoritarios de las Fuerzas de Seguridad.