GRANDEZA CONSTITUCIONAL
La Carta Magna no puede cargar con la culpa de una partitocracia con poca altura de miras, la tóxica polarización ideológica, la impostura revanchista y el discurso retrógrado
EL acto conmemorativo del cuarenta aniversario de la Constitución, celebrado ayer en el Congreso, fue una brillante reivindicación de la grandeza constitucional que ha permitido a la España contemporánea vivir su periodo más fértil de libertad, progreso y desarrollo. Los discursos del Rey y de la presidenta del Congreso resultaron ejemplares y supusieron un bálsamo tranquilizador frente a quienes, desde el radicalismo, un revisionismo sectario y la ruptura de la unidad de España, se han propuesto desestabilizar nuestro sistema constitucional y el Estado democrático y de Derecho. Palabras tan repetidas en las últimas cuatro décadas como integración, convivencia, concordia, consenso, reconciliación, entendimiento, generosidad, patriotismo o tolerancia están llamadas a adquirir de nuevo un sentido relevante en la España de 2018. No se trata de principios retóricos o de valores rimbombantes con los que rellenar un aniversario. Son la esencia real de un contrato suscrito por todos los españoles para superar odios cainitas y persecuciones ideológicas en aras de la libertad y el estado del bienestar. Por eso Don Felipe reivindicó su vigencia como «pilar de nuestra convivencia y nuestra democracia», como base de aquel «pacto nacional» que unió todo lo que estaba separado en España y como factor de reconciliación, dignidad y tolerancia colectiva.
El valor de la Monarquía constitucional consagrada en la Carta Magna, la separación de poderes y el reconocimiento de derechos y deberes esenciales para lograr una paz social en absoluta libertad fueron la base de una «nueva España» hace cuarenta años. Hoy, todos los españoles tenemos el derecho y el deber de seguir defendiendo ese núcleo duro constitucional, más allá de coyunturas políticas o económicas o de las puntuales necesidades de reforma que surjan para adaptarla a las nuevas realidades sociales. Pero, sobre todo, tenemos la obligación de protegerla de quienes se han propuesto destruirla. Como sostuvo Ana Pastor, «España ha pagado muy caro el error de redactar Constituciones de parte» e ideologizadas a lo largo de su historia. Por eso, y al ser la de 1978 la única fraguada con un esfuerzo colectivo de acuerdo, y con una voluntad real de superación de las fases más negras de nuestra historia, los españoles seríamos irresponsables si hiciésemos tabla rasa de su letra y espíritu. Sería tanto como renunciar a todo lo excepcionalmente bueno conseguido en cuatro décadas. De algún modo, los españoles estamos obligados a rendir pleitesía moral y sentir orgullo patriótico de una Carta Magna que hizo nacer a España al progreso democrático, y no incurrir en la ingenuidad de aceptar mansamente un relato revisionista o destructivo que imponga los cimientos de un Estado autoritario. A menudo parece que los españoles no seamos conscientes del tesoro que conservamos desde hace cuatro décadas.
Defender y disfrutar de la Constitución no implica, como sostuvo Don Felipe, «silenciar los errores e insuficiencias» cometidos. España se ha enfrentado a un intento de golpe de Estado y a la lacra del terrorismo, ha incurrido en corrupción institucional... Pero nunca se ha fracturado en democracia. Y si fue útil en el pasado, debe seguir siendo la garantía para la construcción «de una España de futuro en vanguardia, moderna y renovada». Y, sobre todo, de una España unida frente a cualquier adversidad. La Constitución no puede cargar con la culpa de que el populismo extremista o el separatismo pretendan imponer una falsa superioridad moral frente a la moderación que guía a la inmensa mayoría de la sociedad. La Carta Magna no está desfasada. Si acaso, lo está una partitocracia con poca altura de miras. Hoy no es posible una reforma constitucional a fondo porque no hay consenso alguno, sino una tóxica polarización ideológica, y porque entre quienes hoy quieren derogarla de facto para emprender una regresión a lo peor del comunismo y el republicanismo no queda nada de la generosidad que sus antecesores demostraron en 1978. Son solo herederos del odio.
Una vez más, los gobiernos vasco y catalán, ERC, PDECat, PNV o Bildu se negaron a celebrar la Constitución. Son aquellos a quienes la ministra de Justicia elogió indignamente como «constitucionales». Sí acudieron Podemos e IU, pero para invocar la república, apelar a la convulsión en las calles y atacar a la Monarquía. Allá ellos con su discurso retrógrado y con su impostura revanchista, porque las urnas los están retratando. De hecho, ese deseo de involución fue silenciado por los largos y emotivos aplausos del Congreso a la Corona. Por eso, resultaron igual de emocionantes las palabras que dedicó Don Felipe a sus padres, Don Juan Carlos y Doña Sofía, y a los tres redactores de la Constitución aún con vida. A ellos España les debe el agradecimiento eterno como artífices de una obra histórica y ejemplar.
Los españoles tenemos la obligación de proteger la Constitución de quienes se han propuesto destruirla