El Poder Judicial culpa de su desprotección a la Generalitat
Pide que la Fiscalía General del Estado supervise la investigación de los ataques de los CDR
Los jueces se sienten desprotegidos en Cataluña y lamentan la dejación de funciones de la Generalitat de Quim Torra. El Poder Judicial elevó ayer el tono, condenó los recientes ataques de los CDR a sedes judiciales y denunció la falta de medidas eficaces para protegerlos por parte de la Consejería de Interior, dirigida por Miquel Buch.
Con hartazgo, el Poder Judicial señala a la Generalitat por la desprotección de los jueces en Cataluña y recela además de la labor investigadora de los Mossos frente a estos hostigamientos, que amenazan el clima de «sosiego» necesario para la independencia judicial, pilar del Estado de Derecho.
En un comunicado, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, expresa su preocupación por el clima hostil que sufren los jueces destinados en Cataluña y vuelve a reclamar al Ministro del Interior y al consejero catalan de Interior «un plan integral de protección», un sistema que garantice la seguridad de los magistrados y de sus familias.
No es la primera vez que el Poder Judicial solicita esta protección. Por eso mismo –por la necesidad de insistir– el órgano de gobierno de los jueces recela de la actuación de la Consejería catalana de Interior, a quien le corresponden las competencias para garantizar la seguridad de los jueces que trabajan en Cataluña y para investigar los ataques, recuerda el CGPJ.
Excrementos en juzgados
«El último episodio acaecido durante esta semana nos permite afirmar que no se percibe que se estén adoptando las medidas exigibles para proporcionar la garantía de seguridad e integridad (...), como tampoco se percibe efectividad alguna en la investigación y persecución de muchos de los actos a los que nos hemos referido», asegura el comunicado sobre los hostigamientos. Ese último episodio tuvo lugar el pasado lunes, cuando las sedes de numerosos juzgados –los de Gerona, Sabadell, Tortosa, Manresa o Vilanova, entre otros– amanecieron embadurnadas con excrementos y basuras en sus entradas. Los actos fueron reivindicados por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), la facción más radical del independentismo catalán, protagonista de numerosos ataques y a quien pidió «apretar» el presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Al mismo tiempo, el Poder Judicial también solicita que la Fiscalía General del Estado investigue estos actos de hostigamiento y le pide que supervise las investigaciones que llevan a cabo las fuerzas policiales, en alusión a los Mossos d’Esquadra, «para asegurar su suficiencia y corrección y descartar que se puedan producir omisiones que den lugar a la exigencia de responsabilidades». Es decir, para evitar que los agentes miren para otro lado.
El comunicado de la comisión permanente se remite, además, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que se ponga en conocimiento de todos los jueces y magistrados que prestan sus servicios en Cataluña. También se remite al presidente de la Junta de Seguridad de Cataluña y a los respectivos presidentes de las Juntas de Seguridad Provinciales. El órgano de gobierno de los jueces va más allá y solicita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un informe completo que recoja todos los ataques contra jueces y magistrados, así como contra sus familias y bienes, y contra sedes judiciales, con una explicación de si constan detenciones o personas acusadas por cada uno. Y se colicita que el Ministerio de Interior y la Consejería de Interior de Cataluña expliquen las «gestiones llevadas a cabo» para garantizar su protección.
El Poder Judicial explica que su seguridad no es «un privilegio personal», sino una garantía para que los ciudadanos vivan en una democracia real. Un clima de «sosiego y tranquilidad» es «indispensable» para que los jueces ejerzan su labor –juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, siempre supeditados al imperio de la ley– con la independencia necesaria en un Estado Democrático y de Derecho. El anterior comunicado del CGPJ ante esta situación llegó el pasado 15 de noviembre, tras el ataque al domicilio del juez Llarena.
Actuación policial El órgano de gobierno de los jueces recela de la labor de los Mossos contra los hostigamientos que sufren