El Gordo podrá declarar sin secreto, como pidió Garzón
El Consejo de Ministros acordó ayer desclasificar la documentación de la operación policial Kitchen, tal como pidió el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, Diego de Egea. Se trata de la séptima pieza separada del caso Tándem por el que mantiene en prisión al comisario José Villarejo desde noviembre de 2017.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan en esta nueva pieza separada si el Ministerio del Interior encargó y pagó con fondos reservados en 2013 y 2014 un plan para que varios policías, entre ellos Villarejo, captaran como confidente al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos.
Supuestamente, el objetivo era apoderarse de documentos y/o grabaciones en poder del extesorero del PP pero no para ponerlos a disposición judicial, sino para sacarlos de la circulación. En el registro de la casa de Villarejo se habrían encontrado pruebas de dichos pagos a Sergio Ríos, así como anotaciones sobre la forma en que se llevó a cabo el dispositivo policial. Los agentes de Asuntos Internos elaboraron un informe sobre la operación Kitchen completado con grabaciones halladas igualmente en los registros de Tándem. A continuación, Anticorrupción pidió al juez que abriera una nueva pieza separada
Además de la desclasificación de esa materia secreta, para responder a la petición del juez De Egea, también se ha acordado relevar del deber de secreto a los funcionarios policiales que hubieran intervenido en ese operativo para que puedan declarar como testigos o, en su caso, voluntariamente en la condición de investigados sobre cualquiera de los hechos relativos al mencionado operativo policial.
Enrique García Castaño, «el Gordo», exjefe de la UCAO e imputado en otras diligencia previas por De Egea, había solicitado en dos ocasiones que se le relevara de ese deber de secreto a través de su abogado, el exmagistrado Baltasar Garzón. Para Anticorrupción Villarejo y él forman un «consorcio criminal» incrustado en la Policía durante años. Ambos comisarios aseguraron al juez que tenían permiso de sus superiores en relación a los hechos investigados. Ahora podrán contar quién les dio las órdenes concretas para espiar a Barcenas y qué partidas de fondos reservados se libraron.