LA SÚPER AUDITORÍA
La primera medida del futuro Gobierno debe ser una revisión contable de la Junta a cargo de profesionales independientes
LA primera medida del futuro Gobierno andaluz debería ser el encargo de una «súper auditoría» que pudiera diagnosticar, en un periodo de tres meses, el verdadero estado contable de la Junta. Hasta que no se conozca la situación económica del complejísimo entramado autonómico (con más de 300 organismos paralelos) será muy difícil adoptar —de forma responsable— toda la batería de medidas fiscales comprometidas en los programas de PP, Vox y Cs. La administración regional ya tiene un cuerpo de interventores y auditores encargados de esta tarea, pero es necesaria una segunda revisión de urgencia (hecha por profesionales externos) para verificar en detalle la imagen real de la herencia del PSOE. Solo un documento así puede ser la base para desvelar en qué plazos debe rebajarse el IRPF y cómo se puede completar el desmantelamiento del impuesto de sucesiones, ya que también aflorarán aquellas parcelas en las que realmente puede existir un ahorro relativamente fácil y rápido para el Presupuesto (que compensen la bajada de la recaudación). En la administración paralela se mezclan trabajadores públicos que prestan un servicio útil junto a una gruesa y adiposa capa de enchufados que debe ser reducida drásticamente.
Al margen de la política fiscal, una de las grandes oportunidades de la etapa que se abre es devolverle los puestos intermedios de la administración a los profesionales cualificados con capacidad ejecutiva (la falta de preparación de muchos de los actuales directores generales está en la base de la parálisis total de la burocracia andaluza). Como ya ocurría hace una década, deben regresar los ingenieros a ese tipo de cargos que requieren formación técnica además de dotes de liderazgo en la gestión de equipos. Eso no significa que no se deba intentar retener a algún viceconsejero o a alguna directora general que han demostrado capacidad (e independencia) y que pueden colaborar en esta abrupta transición.
En el plano estrictamente empresarial, ha llegado la ocasión de oro para invertir la ecuación en la relación entre política y empresa. Las empresas no están al servicio de la política económica, sino al contrario. Deben quedar desterradas esas fotografías bochornosas —como la del Pacto Andaluz por la Industria— en las que la CEA y los sindicatos sirven de coartada para disimular la necrosis y la falta de ideas del Gobierno autonómico. Es el momento de reformular instituciones como la Agencia Idea (con una ingente cantidad de fondos europeos que la Junta no ha sabido gestionar), Extenda o la Fundación Hélice para que haya un protagonismo muy superior del sector privado en la configuración de la arquitectura económica de la región.
En la última semana he hecho mi encuesta particular entre algunos de los principales empresarios de Sevilla y el sentimiento general roza la euforia. Desde la dimisión de Chaves en 2009 la Junta de Andalucía ha vivido un colapso total, y tras casi una década se percibe la posibilidad de que se reactiven políticas públicas capaces de movilizar el tejido productivo andaluz (tanto en infraestructuras como en agricultura, energía o industria). Y por primera vez en cuarenta años, esta acción de Gobierno no partirá del feroz intervencionismo que ha definido al PSOE andaluz en esta larga etapa de nuestra historia.