La Junta tacha de «riesgo inherente al trabajo» la paliza a un docente
Educación explica así la agresión de un alumno que abrió la cabeza a su profesor a golpes
Juan (nombre ficticio) es un profesor del sistema público andaluz. En 2015 —como ya avanzó ABC—, un alumno le amenazó de muerte, le agarró del brazo y le insultó en medio del recreo. Luego le dio un puñetazo delante de todos los alumnos y, para rematar, le abrió la cabeza a golpes con un objeto contundente. Para la Junta de Andalucía, según explicó la jefa de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación, G. G. G. , que un profesor sufra una paliza como la que vivió Juan es «un riesgo inherente a su profesión».
Desde la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (Apia) exigen la cabeza de la letrada de inmediato. «Tienen que cesarla», explica Javier Puerto, presidente de la plataforma sindical. También quieren que la consejera, Sonia Gaya, comparezca «para dar las explicaciones pertinentes». El escrito que la Junta presentó en este juicio por agresión ha indignado sobremanera a los docentes. «La conclusión de la letrada de la Junta es todo un aviso de que la posibilidad de que se nos insulte, se nos veje, se nos acose, se nos escupa, se nos golpee o se nos empuje escaleras abajo son riesgos inherentes a nuestra profesión que tenemos la obligación de asumir», protestan desde Apia. «¿Esto es lo que doña G. G. diría a una joven profesora embarazada?», se preguntan, escandalizados.
En el mismo informe, la Junta recoge que la causa de la agresión fue «fortuita» y que «la administración educativa no intervino en su producción o en la introducción de elementos que favorecieran el accidente». Obvia, acusan desde el sindicato, que la paliza se produjo porque Juan daba clases al niño, no por un encuentro casual en la calle.
El polémico informe de la Junta buscaba con su argumentación librar a la Consejería de Educación de pagar la indemnización de algo más de 1.500 euros al profesor, toda vez que los padres del menor agresor fueron declarados insolventes y la administración responsable subsidiaria, acusan desde Apia. Además de ese pago, el menor fue condenado a una pena de un año de libertad vigilada y a seguir un tratamiento psicológico ambulatorio.
La agresión
Los hechos tuvieron lugar hace tres años. Entonces este docente estaba vigilando el patio cuando se percató de que un alumno se saltaba las normas. Una cuestión leve por la que la reprendió. El niño, problemático, corpulento, agresivo, se encaró con él. Empezó a insultarle. «Te voy a matar, conozco a tu familia», le dijo al profesor. Juan no se lo podía creer y le ordenó que le acompañase al despacho del director. Y llegó lo peor.
«Me agarró del brazo y me hizo daño. Ahí ya me paré y le dije que iba a llamar a la Policía». El niño enloqueció al oír la palabra «denuncia». «Justo cuando saqué el móvil para llamar y conseguí decirle a la Policía que estaba habiendo una agresión me dio un puñetazo fortísimo en la boca. Después cogió un objeto contundente que estaba sobre la mesa y me abrió la cabeza con él».
Entonces intervino un compañero del centro, que gritó que la Policía Nacional había llegado al centro, para asustar al menor. Eso salvó a Juan de seguir siendo golpeado. «El chico salió corriendo y me dejó», recuerda.
«Con la cabeza sangrando y la boca partida me dijeron los compañeros que me fuera inmediatamente al centro de salud a que me vieran —rememora Juan— y me tuvo que escoltar la Policía al médico y luego a mi casa porque tenía miedo». Toda esta escena, explican desde el sindicato, es lo que la Junta cree es un riesgo que los docentes deben asumir como algo «inherente» a su desempeño profesional.