Torra intentará vender como purga decisiones ya tomadas por los Mossos
La Policía autonómica confirma que recibió «órdenes políticas» de no actuar contra los CDR, que ayer levantaron peajes en varias autopistas
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, hizo un alto ayer en su ayuno por etapas de 48 horas para reunirse con el consejero de Interior, Miquel Buch, tras criticar abiertamente la actuación de los Mossos por las cargas del jueves en Gerona y Tarrasa (Barcelona). La cita, sin luz ni taquígrafos, tenía como objetivo depurar posibles responsabilidades de dos dispositivos que «con algunos fallos» (según admiten fuentes de la Policía autonómica) se ajustaron a la legalidad.
La reunión tuvo lugar por la tarde en el Palacio de Pedralbes y duró dos horas y media, según confirmaron a ABC fuentes conocedoras de la misma. A la cita, además de Torra y Buch, asistieron el secretario general de Interior, Brauli Duart –que es la persona clave, políticamente hablando, de la Consejería–, y el director general de los Mossos, Andreu Martínez. Durante la reunión se repasaron las imágenes de la actuación policial del 6-D.
Desde el Cuerpo consideran que la crisis abierta por Torra al desautorizar las palabras de Martínez un día después de las cargas de Gerona y Tarrasa es una «crisis política» que les acabará salpicando en una semana muy complicada. Pero a diferencia de otras de mucho más calado esta vez están «tranquilos». Tienen ante sí, no obstante, el reto de diseñar el operativo de seguridad para el Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona el día 21.
«Cuando el presidente conozca el contenido de los informes de las actuaciones de la Brimo (brigada móvil o antidisturbios) y el Arro (áreas regionales de recursos operativos) se le despejarán las dudas sobre las intervenciones del jueves», señalaban ayer fuentes policiales. Sin embargo, el hartazgo se ha apoderado de los Mossos que no están dispuestos a partirse la cara en actuaciones que no cuentan con el visto bueno de sus jefes políticos.
La pasividad ante la actuación de los CDR el sábado cuando cortaron la AP-7 en Tarragona durante todo el día es un claro ejemplo del punto al que se ha llegado. «Había una orden política de no actuar», confirman las fuentes consultadas. Cuando algunos camioneros afectados por los cortes salvajes de la autopista se revolvieron contra los encapuchados, estos reclamaron la presencia de los Mossos. Un contrasentido más producto del desencuentro político-policial.
El mensaje de Torra desde Eslovenia pidiendo ceses al consejero de Interior lo antes posible tiene aún que materializarse; al menos en teoría. Y aquí es donde se va a medir el socavón que existe entre el Govern y la Policía autonómica. Buch aseguró en Catalunya Ràdio que no le iba a temblar el pulso «para echar a agentes de la Brimo si los expedientes abiertos contra ellos concluyen que actuaron indebidamente». La purga anunciada parecía apuntar al máximo responsable de los antidisturbios, el intendente Carles Hernández, cuyo cambio de destino «estaba
decidido hace un mes», según fuentes policiales. «Son capaces de vender ese cambio –que además estaba previsto como algo positivo para él– como una depuración». La otra posibilidad que se baraja en la cúpula de Mossos es que Torra pida la cabeza –o se la ofrezca Buch– del director general, Andreu Martínez; una alternativa que no causará gran disgusto en la Policía autonómica. Incluso no se descarta una tercera vía ante lo que se considera una imprudencia de Torra: anunciar un cambio en los protocolos policiales de actuación, una revisión del trabajo de los antidisturbios y los Arro, y tal vez algún expediente disciplinario y zanjar de ese modo la crisis abierta contentado así a la CUP.
Sea cual sea la decisión, esta pasará inevitablemente por la reunión ordinaria semanal del Gobierno catalán que se celebra mañana martes. Los ajustes y los cambios en la Consejería de Interior son de calado político más que técnico y ahí, el papel de Duart es fundamental.
Ayer, los peajes
Mientras tanto, los CDR siguieron ayer con una nueva demostración de fuerza ante la pasividad de los Mossos d’Esquadra. Varios peajes de Cataluña fueron asaltados por miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y levantaron las barreras –en algunos casos rompiéndolas– para que los vehículos no tuvieran que pagar, coincidiendo con la operación retorno del puente de la Constitución.
Los peajes afectados fueron los de la AP-7 en Hopitalet de l’Infant (Tarragona), en Gerona, en La Roca del Vallés (Barcelona) y en Martorell (Barcelona). Los de la C-16 en Manresa (Barcelona), en Les Fonts (Barcelona) y el los túneles de Vallvidrera (Barcelona). Y, principalmente, en la AP-2, en la provincia de Lérida, en Soses, en Borjas Blancas y en L’Albí.