La CE no impide realizar las tareas forestales con medios propios
La Consejería de Medio Ambiente de Andalucía obliga a subcontratar estos trabajos con una empresa externa para beneficiarse de las ayudas
Superficie Andalucía tiene casi tres millones de hectáreas de terreno forestal, el 74% es de gestión privada
Demora La última convocatoria de la mayoría de líneas de las ayudas forestales se remonta al 2012
Tras varios años de espera, las medidas del gran paquete de las ayudas forestales del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (PDRA) que gestiona la Consejería de Medio Ambiente, y que están viendo la luz con cuentagotas, no contentan a los profesionales del sector. Es el caso de la convocatoria de 2018 de las ayudas para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes en la comunidad de Andalucía (Submedida 8.3.1, cuyo plazo ya está cerrado), ya que según denuncia la patronal agraria Asaja Andalucía «su complejidad y exigencias ha desmotivado al sector privado, por lo que ha tenido muy poco éxito».
Se trata de la única medida del paquete de las ayudas forestales convocadas hasta la fecha, aunque las bases reguladoras de las que están pendientes (Medida 8.5.1: Ayudas para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales; 8.2.1: Ayuda para inversiones para el establecimiento y mantenimiento de sistemas agroforestales; 4.4.4: Apoyo a inversiones no productivas para la mejora del estado del arbolado en las formaciones adehesadas; 8.6.1: Ayuda para las inversiones para la puesta en valor de los productos y servicios forestales; 4.4.9: Apoyo a inversiones no productivas para la conservación de la biodiversidad en espacios agrícolas; 15.1.1: Pagos para compromisos en entorno forestal; y medida 7.6.1: Apoyo técnico a entidades locales para la gestión forestal sostenible) ya se conocen y «tampoco resultan atractivas para el sector».
Entre los principales inconvenientes está el que los titulares de terrenos forestales y propietarios y gestores de dehesas que quieran acceder a estas ayudas para realizar en sus explotaciones las labores forestales (como desbroces, resalveos, podas o cortafuegos) deben obligatoriamente «subcontratar los trabajos con una empresa externa». De esta forma, se impide a los profesionales que tengan su propia maquinaria y personal cualificado «el realizar estas mejoras con medios propios», actuando «en contra del mantenimiento del empleo dentro de las propias empresas agrarias», denuncia el director general de Asaja Andalucía, Vicente Pérez.
Respuesta de la CE
La patronal agraria ha elevado esta queja tanto a la Junta de Andalucía como a la Comisión Europea, ya que las ayudas forestales están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
La respuesta de la Comisión ha sido contundente y clarificadora, ya que afirma que «no existe ningún impedimento en los reglamentos comunitarios a la contribución en especie», es decir, «a la realización de las tareas forestales con medios propios», aclara Asaja Andalucía. No obstante, para que los profesionales del sector puedan acogerse a esta posibilidad «tiene que estar contemplada en el PDR andaluz», apunta Vicente Pérez.
La patronal agraria se ha dirigido a la Consejería de Agricultura y a la Con-
sejería de Medio Ambiente de Andalucía para solicitar que se incluya ese cambio en el texto del Programa regional de Desarrollo Rural, y espera poder obtener una respuesta a dicha petición en el próximo Comité Forestal, previsto para el 17 de diciembre.
Además de la obligatoriedad a externalizar los trabajos de mejora forestal, las bases de las ayudas obliga también a los beneficiarios «a presentar una memoria técnica cuyo coste no es subvencionable». Un gasto «del todo innecesario, sobre todo en el caso de la ayuda a la prevención de incendios, pues los solicitantes ya tienen aprobado por la Administración sus Planes de Prevención de Incendios Forestales (PPIF), en los que se recogen las medidas preventivas, la vegetación y la infraestructura con la que cuenta cada finca», explica Vicente Pérez.
Por todo ello, «nos tememos que la convocatoria de la única medida que ha visto la luz apenas haya tenido solicitudes», por lo que «vamos a demandar que se abra una nueva convocatoria una vez se corrija en el PDR la posibilidad de realizar los trabajos con maquinaria y personal propios», recalca el director de Asaja Andalucía.
El paquete de las ayudas forestales está dotado con un presupuesto de 130,8 millones de euros para todo el periodo 2014-2020. La línea de prevención de incendios ya convocada cuenta con 14,5 millones de euros.
Coeficiente de Pastos
En relación al Coeficiente de Admisibilidad de Pastos, Asaja Andalucía celebra que en la Unión Europea se haya reconocido al fin la existencia de los pastos arbustivos y arbolados que los ganaderos andaluces vienen declarando en el marco de las ayudas de la PAC, ya que son utilizados en las explotaciones de ganadería extensiva.
En este sentido, el Ministerio de Agricultura ha anunciado que El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha publicado una sentencia que estima parcialmente la demanda que España interpuso contra la decisión de la Comisión Europea (CE) de aplicar una importante corrección financiera en relación con la admisibilidad de las superficies de pastos declaradas en el marco de las ayudas directas en el periodo 2009-2013. Esta corrección ascendía a más de 260 millones de euros.
La sentencia anula la decisión de la Comisión en lo que se refiere a la superficie de pasto arbolado ubicada en la dehesa, que había sido penalizada con una corrección del 25% sobre los pagos realizados en la misma; y en lo que se refiere a la superficie de pasto arbustivo declarada por ganaderos que hacen un uso forrajero fundamental de dicha superficie. En este caso, la Comisión había impuesto una corrección del 10% sobre los pagos, y el Tribunal considera que ese cálculo no se ajusta a Derecho.
«Se ha demostrado que son pastos aprovechables por el ganado», subraya Vicente Pérez, que apunta que «ahora habrá que esperar a ver cómo esta nueva interpretación de la CE se traslada a la normativa nacional y autonómica».