Juicio del Caso ERE El interventor se defiende atacando: «Los consejeros pudieron pararlo»
∑ «Es el clavo ardiendo al que se agarran los políticos para eludir responsabilidades»
Última semana del juicio de los ERE que, si no hay más dilaciones, quedará visto para sentencia el jueves después de un año de sesiones. El plato fuerte de ayer fue la defensa del interventor de la Junta, acusado no sólo en el proceso sino por las defensas de otros procesados como responsable de no haber hecho observaciones sobre las presuntas irregularidades del proicedimiento a los políticos. Su defensa al ataque: «La Intervención es el clavo ardiendo al que se agarran ciertos políticos para evadir sus responsabilidades», dijo el abogado de Manuel Gómez, exinterventor de la Junta de Andalucía y al que la Fiscalía pide seis años de prisión y treinta de inhabilitación por delitos de prevaricación y malversación.
El letrado del exinterventor, que emitió varios informes advirtiendo de las irregularidades, mantuvo una línea basada en que Gómez hizo su trabajo avisando de las irregularidades y acusando a los consejeros procesados junto a él porque «pudieron parar las transferencias de financiación».
Uso inadecuado
En este sentido, el abogado José Rebollo dejó muy claro que el uso inadecuado de las transferencias de financiación era conocido por los miembros del Consejo de Gobierno y que «hubo señales por parte de distintos órganos de la Junta que dieron a entender a la Intervención no sólo que las deficiencias eran perfectamente conocidas, sino también que iba a adoptarse medidas necesarias para su corrección».
El letrado explicó que los superiores jerárquicos pudieron dar las ordenes necesarias para parar lo que estaba ocurriendo. Según recalcó, el Consejo de Gobierno podría haber dictado las oportunas instrucciones a la Consejería de Empleo, Innovación y Hacienda para que corrigieran las deficiencias advertidas.
Y dejó claro que el consejero de Empleo pudo dictar instrucciones al órgano gestor del gasto para que no tramitara las transferencias de financia- ción o el de Hacienda pudo impartir instrucciones para que no abonara las citadas transferencias. O el consejero de Innovación impartir instrucciones para que rescindieran los contratos. «Cualquiera de estos órganos estaba habilitado para suspender las transferencias de financiación o el uso inapropiado de las mismas», recalcó.
«En el ejercicio de sus respectivas facultades discrecionales, se adoptaron una serie de decisiones, cuando se debían haber adoptado otras que hubieran puesto fin al sistema», dijo. El abogado de Gómez sostuvo que «del hecho de que Gómez conociese las irregularidades no puede desprenderse que conociera que se estaba cometiendo un delito por terceras personas» e insistió en que no hay «equiparación posible entre conocimiento de irregularidades administrativas y menoscabo de caudales públicos».
Durante la defensa, que el afectado escuchó atentamente, su abogado insistió en que emitió numerosas advertencias y que su actuación fue conforme a derecho. «Es del todo contradictorio con considerar que quien año tras año denuncia las irregularidades pueda tener la voluntad de que estas se comentan», recalcó.
Rebollo destacó que no hay elementos para imputar a su cliente y advirtió al tribunal de que no debe resolver «mediante un planteamiento inquisitivo» ni introducir hechos distintos de los formulados por la acusación ya que invadiría el terreno del acusador.
El abogado dijo que no pensaba defenderse de las extensas acusaciones de otras defensas «tan extensas como carentes de fundamentos» y que se basan en una estrategia de «defensa a la desesperada». «Resulta sorprendente que quienes pervierten un sistema con el fin de eludir los controles de la Intervención y quienes no supieron reaccionar frente al mismo, reprochen a la Intervención una supuesta falta de control que no era posible», concluyó.