Anulan la sanción a la guardia civil que denunció corrupción
La sargento fue desalojada por cuestionar el uso de los fondos europeos
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado el desalojo de la vivienda de la Comandancia de Sevilla de una sargento de la Guardia Civil que había denunciado por presunta corrupción a un cabo por presunta corrupción en el uso de fondos europeos.
La sargento María Serrano fue desalojada de su vivienda el pasado 18 de octubre por orden de un juzgado Contencioso Administrativo, una decisión que ahora anula la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA.
La sentencia se basa en la «incompetencia» del juzgado que acordó el desalojo de la sargento del Seprona, que está de baja y en tratamiento psicológico y residía en un piso de la Comandancia de Montequinto. Tras el desalojo, el abogado de la sargento, Fermín Vázquez, presentó un recurso de apelación ante el TSJA, que ha ganado y contra el que cabe recurso de casación.
Una vez dictada la sentencia, el abogado explicó que pedirá una indemnización por daños y perjuicios ante el «craso error» del juzgado y la imposibilidad de que le den una nueva vivienda en la Comandancia de Sevilla.
En su resolución, el TSJA explica que solo a esa sala le corresponde resolver cualquier incidente que pueda plantearse con la ejecución de la sentencia por la que se ordenaba su desalojo.
Solo esa sala «puede decidir si a la ejecución conviene o no una entrada sorpresiva en domicilio, o si corresponde dar plazo o el señalamiento del lanzamiento», explica el TSJA. El desalojo lo ejecutó una comisión judicial formada por un teniente de la Guardia Civil, un sargento y cuatro guardias.
Cuando fue desalojada, la sargento dijo que «ni al peor de los etarras se le ha tratado como me han tratado a mí» y atribuyó lo ocurrido a la «inquina personal» que le tiene el coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, con el que se ha cruzado denuncias, porque «sabe perfectamente que no ha cumplido con su deber» a diferencia de ella, que sí lo hizo al avisar de la corrupción.
La sargento cree que el origen del «acoso y derribo» hacia ella, que lleva 25 años en la Guardia Civil y es familiar de numerosos agentes, empezó en 2013, cuando entregó un informe con datos de un cabo que ejercía de denunciante y a la vez de defensor ante las multas de hasta 60.000 euros que ponían a empresas de pescado. Tras este caso se sucedieron varias denuncias, hasta catorce causas judiciales que tiene abiertas la sargento, algunas pendientes de resoluciones en el TS, en el Constitucional y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.